Era la una de la madrugada del sábado cuando un contingente policial entró en la vivienda de un familiar de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. La ahora detenida se encontraba escondida debajo de un somier y es ahí donde las fuerzas policiales procedieron a capturarla e inmediatamente fue llevada a una comisaría. Ahora permanece en dependencias policiales, junto a dos de sus exministros, esperando un proceso que los detenidos han calificado de irregular.
A través de sus redes sociales la expresidenta interina boliviana denunció «abuso y persecusión política». Detalló que es acusada de haber participado en un presunto golpe de Estado que derivó en la renuncia del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. El Ministerio Público boliviano investiga a Añez por delitos de terrorismo, sedición y conspiración. La denuncia fue realizada por la exdiputada Lidia Paty, afín al partido de gobierno del que Evo Morales es el principal dirigente.
La expresidenta ha pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) el envío de misiones oficiales para verificar la «persecución política» a la que considera que se le está sometiendo. Áñez, que se encuentra recluida en la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía boliviana, ha apelado directamente en una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al embajador de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, Michael Dóczy. Áñez denuncia así las acciones «perpetradas por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo» y por ello pide en el marco de lo que establece la Carta Democrática Interamericana, «se envíe una Misión Oficial de Observación a objeto de que evalúe de manera objetiva e imparcial, la ilegal detención de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos exministros, el viernes y la madrugada de este sábado».
Era noviembre del 2019 cuando Evo Morales dejó la presidencia y salió de su país con rumbo a México, luego de que la Organización de Estados Americanos confirmara manipulación en los resultados de las elecciones presidenciales que beneficiaron al Movimiento Al Socialismo (MAS). Los comicios fueron anulados y Jeanine Añez asumió la presidencia de Bolivia tras la renuncia del presidente y otras autoridades legislativas.Ahora el partido de Evo Morales acusa a Jeanine Añez de ser parte de hechos violentos que se suscitaron en Bolivia y se extendieron por al menos 21 días. En ese periodo se registraron enfrentamientos entre militantes del Movimiento al Socialismo, oposición y fuerzas del orden.
Saltarse las reglas
El operativo para la captura de Jeanine Añez fue encabezado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en el departamento del Beni. Luego la exmandataria fue llevada a la Sede de Gobierno, La Paz, donde aguarda en detención. La autoridad boliviana, en una breve conferencia, aseveró que no existe una persecución política y sólo cumplen con mandamientos de captura que emitió la Justicia boliviana, en un proceso que se inició en diciembre del 2020. Esa fecha coincide con la vuelta al poder del Movimiento al Socialismo.
En un operativo similar, la tarde del viernes fueron detenidos dos de sus exministros: Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Ambos reiteraron en breves encuentros con la prensa que existen irregularidades en el procedimiento de la Policía. Explican que no fueron convocados a declarar como exigen las normas bolivianas y, saltando ese paso, se emitieron órdenes de aprehensión.
Por otro lado, la Policía boliviana sigue movilizada en varias regiones del país. Otras siete órdenes de captura fueron emitidas sorpresivamente por el Ministerio Público contra otros exministros de Jeanine Añez, también jefes policiales y militares de su gobierno. Mientras que un excomandante del Estado Mayor de Bolivia ya fue enviado a la cárcel preventivamente.
Tras las capturas, Evo publicó en redes sociales su deseo de que se investigue y se sancione a los autores y cómplices de lo que él denomina una «dictadura». El expresidente boliviano, Carlos Mesa lamentó que se busque legitimar un «fraude electoral» y encarcelar a Áñez por un «golpe de estado» que no existió. La oposición acusa al Gobierno de persecución política.
