El Gobierno aragonés ha decidido romper el acuerdo que mantenía con Renfe desde hace años y que garantizaba el funcionamiento de trenes regionales deficitarios. Esa subvención autonómica le costaba a las arcas regionales 4 millones de euros al año. Es una cantidad que, según el Ejecutivo aragonés, no puede seguir dedicando a financiar un transporte que, a su juicio, ha de costear el Estado. Y subraya que esos 4 millones de euros son necesarios para mejorar el transporte público por carretera en toda la región.
Así lo ha indicado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno aragonés, José Luis Soro, de la Chunta. Soro ha enviado una comunicación oficial a Renfe en la que comunica esta decisión. Ahora queda por ver qué paso da Renfe respecto a los trenes que dejan de estar costeados con fondos autonómicos, si los mantiene o decide suspender esos servicios.
Esta multimillonaria aportación autonómica se empezó a pagar a Renfe en el año 2013, para frenar la merma de servicios ferroviarios. Desde este año, deja de abonarse.
«Nuestra apuesta por el ferrocarril es clara pero no vamos a seguir asumiendo la financiación de servicios que no nos corresponden, como hemos dicho reiteradamente, y detrayendo fondos de nuestras propias competencias», ha afirmado el consejero Soro. Ha subrayado que ese presupuesto es necesario «para poder afrontar el nuevo Mapa de Transporte Público Regular de Viajeros por Carretera de Aragón, que significará una nueva configuración del transporte de viajeros y con el que se garantizará la movilidad para todos los núcleos de Aragón de más de 10 habitantes».
Según los datos aportados por el Gobierno aragonés, la prestación de esos servicios ferroviarios que ha estado suponiendo una subvención media por viajero y trayecto de 119 euros con cargo al presupuesto autonómico. El precio por kilómetro es de 18,55 euros, frente a los 1,94 euros por kilómetro que paga el Gobierno de Aragón por el servicio de autobús y la subvención de 1,38 euros por viajero.
José Luis Soro ha explicado que «llevamos años pidiendo que las expediciones de Zaragoza-Monzón-Lérida y Teruel-Caudiel, que exceden de los límites de la Comunidad Autónoma, sean asumidos por el Gobierno de España». También se reclama que los servicios Caspe-Fayón se asuman como Obligación de Servicio Público, lo que fuerza al Estado a sufragarlos. Otra de las reivindicaciones trasladadas al Ministerio es que la expedición que conecta Huesca y Jaca los fines de semana, financiada hasta ahora por el Gobierno aragonés, sea asumida por el Gobierno de España «como un elemento de impulso turístico y con carácter estacional entre primavera y otoño».
En 2019 ya se logró que el Estado asumiese algunas expediciones entre Teruel-Zaragoza, Zaragoza-Calatayud y Calatayud-Ariza. José Luis Soro ha explicado que «vamos a seguir reclamando estos servicios como llevamos haciendo desde 2017, pidiendo además que los vehículos se adapten a las necesidades, tanto en calidad como en el número de plazas».
