La estrategia de solución a la pobreza en el país implementada desde el gobierno federal en esta administración es, en el mejor de los escenarios, fallida; siendo más estrictos, en términos de diseño, transparencia y efectividad, los programas sociales implementados han sido en realidad un desastre cuyos resultados comienzan a mostrar sus efectos en medio de la peor crisis de nuestros tiempos: la gran pandemia mundial por Covid-19.
Querer erradicar la pobreza sin atender, estudiar o entender las causas principales, y habiendo destruido programas previamente desarrollados y estructurados que ya operaban atendiendo a sectores vulnerables de la población, fue un grave error. Y es que desarticular programas dedicados a la atención de salud, educación, y servicios complementarios al bienestar de los pobres en el país (como, por ejemplo, las estancias infantiles) para reemplazarlos con transferencias en efectivo, probablemente ha sido inicialmente muy popular entre los beneficiarios (adultos mayores, jóvenes sin empleo y fuera del mercado educativo, o jóvenes en secundaria principalmente), pero los verdaderos costos sociales de dicha estrategia se comienzan a revelar.
De acuerdo con información publicada durante esta semana por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública (CONEVAL), en México ha habido un incremento en la pobreza extrema entre 2019 y 2020 de 10.6 a 18.3 por ciento de la población, uno de los aumentos más altos a nivel mundial para el mismo período.
Para dimensionar este incremento abrupto en la pobreza y su nivel extremo baste recordar que estas cifras son las mayores que se presentan desde 2000 en nuestro país, cuando la pobreza en México se ubicó en 48.8%, y desde 1996 en el caso particular de la pobreza extrema, cuando ese indicador llegó al 16%, según estimaciones históricas de la Cepal.
En otras palabras, reducir ese porcentaje de pobres extremos en nuestro país requirió más de 25 años de recursos destinados a programas que permitieran la salida de dicho nivel de empobrecimiento, de manera gradual y sostenida, de a quienes los programas atendían; regresar a estos niveles de pobreza en solo un año es una verdadera tragedia que no debe pasar desapercibida.
La cancelación de programas de atención integral como Prospera, el cual construía sobre las exitosas experiencias de Progresa y Oportunidades, y que buscaban armonizar los incentivos de los beneficiarios y la generación de capacidades de generar riqueza basadas en la acumulación de capital humano en el largo plazo, así como el desmantelamiento del Seguro Popular de la mano al desabasto en medicamentos ocasionado por la también fallida estrategia de concentrar todas las compras en una nueva institución pública que sigue sin funcionar en la práctica, acrecentaron las fallas en la atención de salud a nivel nacional, todo lo anterior en medio de la pandemia por COVID-19.
Por otra parte, diversos estudios han sugerido que el programa de becas con la provisión de efectivo para practicantes, además de estar rodeado de irregularidades en su operación, han acentuado la deserción escolar al desincentivar los estudios de la población objetivo que ve en estos recursos dinero rápido.
Como si lo anterior no fuera suficiente para corregir el rumbo del diseño de política pública, esta semana una investigación de Bloomberg mostró evidencia catastrófica sobre los indicadores de forestación del programa “Sembrando Vida”. Este programa, el cual consiste en dar transferencias de efectivo a cambio de sembrar cierto tipo de árboles en comunidades rurales con prevalencia de deforestación, han ocasionado una verdadera tragedia ecológica, ya que en el estudio se demostró que diversos campesinos, buscando obtener mayores recursos, han quemado hectáreas enteras de zonas fértiles que no requerían reforestación, para obtener los recursos que otorga el programa a cambio de reforestar usando los árboles provistos, los cuales en muchos casos, son inadecuados para la zona donde se plantan. Al igual que las becas anteriormente señaladas, programas con incentivos que revierten los objetivos de combate a la pobreza, con resultados verdaderamente catastróficos que, además, crea una codependencia de los receptores de dichos beneficios con el gobierno que los otorga.
Los argumentos esgrimidos de combate a la corrupción en los programas que operaban previo a la administración actual, y la defensa del uso de transferencias monetarias directas como mecanismo de corrección en las oportunidades de quienes reciben estos recursos, muestran la enorme ignorancia sobre el diseño, implementación, ya no digamos evaluación de impacto de un programa social, errores cuyo costo primero pagamos los contribuyentes, y que pagaremos todos como país al ver explotar los indicadores de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad, tal y como los resultados del análisis de pobreza de CONEVAL comienzan a revelarnos, y esto sin considerar el impacto en el sistema educativo que lleva un año sin funcionar en el caso de la educación básica pública, y cuyo efecto en deserción aun se desconoce pero será difícil de revertir en el corto plazo.
En el combate a la pobreza, las buenas intenciones basadas en creencias e ideologías no son suficientes. Sirvan estas líneas como reflexión final al tamaño de la enorme tragedia que tenemos por el frente para resolver: el camino no será nada fácil.
Adendum
Y como país, seguimos sin una estrategia clara de vacunación la cual se insiste sea centralizada por el gobierno federal y coordinada por el grupo conocido como los servidores de la nación. Seguimos sin conocer los contratos de compra de las distintas vacunas, los costos en que se ha incurrido por las adquisiciones, las fechas de vacunación tentantivas basadas en los calendarios de engrega y distribución, e improvisando vacunación conforme llegan y se distribuyen vacunas donadas por otros países.
Conclusión: confinamiento, sana distancia, cubrebocas, y prevención siguen siendo los aliados de la gente de a pie, y nos parezca o no, es nuestra única estrategia.
Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL.
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