El Gobierno establecerá los mecanismos necesarios para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pueda regular la publicidad de criptoactivos u otros activos o instrumentos presentados como activos de inversión. De esta forma, el Ejecutivo amplía la capacidad del supervisor en cuanto a la vigilancia de las campañas publicitarias de productos financieros, una capacidad que ya tiene desde febrero y que ahora se amplía a las criptodivisas, que aún no están reguladas.
El Gobierno ha aprovechado el real decreto ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial aprobado este viernes para incluir la nueva potestad de la CNMV.
La vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez Parera, incidió esta semana en la clausura de unas jornadas sobre fintech en la falta de regulación de estos activos. «Mientras no dispongamos de un marco claro, debemos preguntarnos siempre si tenemos la información suficiente, si entendemos el producto y los riesgos que se asumen con la operación», subrayó Martínez Parera.
Hace aproximadamente un mes, el supervisor emitió un comunicado conjunto con el Banco de España advirtiendo sobre el riesgo de las criptomonedas como inversión, ya que la revalorización que han experimentado en los últimos meses refleja «patrones propios de las burbujas».
El bitcoin, la criptomoneda más conocida, pasó de cotizar a 4.000 dólares (3.352 euros) en marzo de 2020 a dispararse y tocar los 56.000 (46.938 euros) en los que cotiza actualmente, aunque ha llegado a tocar los 58.000 (48.614 euros). Otras criptomonedas, como ethereum y ripple, también han obtenido rendimientos similares, pero con cifras mucho más modestas.
El fenómeno que más ha llamado la atención en los últimos meses ha sido el ascenso de otra criptodivisa, mucho más pequeña: dogecoin, que pasó de cotizar a 0,007 dólares a principios de año a los 0,05 dólares en los que se vende actualmente, aunque llegó a tocar los 0,08 en febrero.
Asimismo, la CNMV y el Banco de España especificaban que estos activos se mueven en un espacio que aún no ha sido regulado -si bien la Unión Europea (UE) está trabajando en ello- y dejaba claro que «no es obligatorio aceptarlas como medio de pago de deudas u otras obligaciones».
