En el asunto de las ayudas a las empresas, lo único claro es que el Gobierno no se aclara. Y no solo es el tradicional enfrentamiento entre la mayoría socialista y la minoría comunista, ya que tampoco hay armonía, ni conceptual ni operativa, entre los ministerios de Economía y Hacienda por un lado y el resto por otro. Podemos quiere que haya más dinero implicado -¿a que no le extraña?-, que se concrete en ayudas directas y que lo organice todo el Estado. Es su música preferida, dar mucho dinero y darlo ellos. Por el contrario las ministras encargadas de custodiar la caja se han alarmado ante el tamaño del déficit -¡a buenas horas les entra la preocupación!-, desean que haya un mayor alivio de las cargas financieras de las empresas y pretenden que el ‘marrón’ se lo coman en especial las comunidades autónomas. Pedro Sánchez anunció el nuevo paquete de ayudas el 24 de febrero pero no había pensado en la manera de darlas y ha tenido que dejar pasar dos semanas, el Consejo de Ministros de ayer y convocar uno extraordinario para el viernes, con la esperanza de que para entonces, se aclaren los colegas y haya algún tipo de acuerdo.
El asunto es muy complejo pues una cosa es conceder ayudas generales a empresas pequeñas -piense por ejemplo en los bares o restaurantes, con competencia atomizada y difusa, basadas en criterios objetivos- y otra muy diferente es discriminar entre empresas de tamaños medios y grandes en sectores industriales donde la competencia está muy concentrada y es cruenta. ¿Qué criterios se utilizarán en su concesión, que controles se realizarán en su ejecución y que informaciones contables se exigirán para acceder a ellas? El Gobierno dispone de dos días para determinarlo. Es decir tiene poco tiempo y muchas ideas diferentes, aunque pocas de ellas estén claras.
Por ejemplo, cómo garantizar la equidad en el reparto y la eficacia en el destino. La idea de que intervengan las comunidades no hace más que empeorar las cosas. Si van a utilizar todas ellas criterios idénticos e imponer las mismas condiciones, que las dé el Estado. Es más barato y debería ser más rápido (esto último no es seguro) y si, como ocurre con las cogobernanzas, van a ser diferentes se abrirán nuevas vías de ataque a la equidad.
