El Gobierno recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña sobre el Pazo de Meirás, de 12 de febrero de 2021, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática través de una nota informativa.
Como informó entonces José Luis Jiménez en ABC, lo que hizo la Audiencia coruñesa fue ratificar la sentencia de primera instancia del pasado 9 de diciembre: el Pazo de Meirás es titularidad del Estado al haberlo usucapido a través de una posesión continuada desde 1938 hasta, al menos, 1975, tiempo en que corrió con «la totalidad de los gastos inherentes a la propiedad, obras de mejora y mantenimiento». En consecuencia, condena a los nietos de Franco «a desalojar las propiedades, dejándolas libres y a disposición del Estado español», pero «con liquidación previa» de los citados gastos, por lo que deja la puerta abierta a que se les devuelva el Pazo hasta que se abone lo adeudado.
Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Civil admitían buena parte del recurso de apelación presentado por la familia Franco: han sido poseedores de buena fe y tienen derecho a ser resarcidos por los gastos de Meirás sufragados desde la muerte del dictador. La cantidad a abonar quedaba pendiente de estimación «en el trámite oportuno».
Sobre este fallo, en la nota remitida desde Presidencia se indica que «si bien es favorable a las principales pretensiones del Gobierno al otorgar la propiedad del Pazo a Patrimonio del Estado», al mismo tiempo «reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble».
La Abogacía del Estado, se explica, ha realizado «un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia». A partir de ahí, consideran que se pueden «apreciar errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda». En concreto, «la sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador», lo que da pie a que se extraigan «una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad».
«La eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio», concluye la nota.
La Xunta, de la mano
La víspera, este martes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicaban que la Xunta estudiaba conjuntamente con el Estado la posibilidad de presentar recurso. «Si hay alguna posibilidad de mejorar la sentencia lo haremos, si la Abogacía del Estado y la Asesoría Jurídica de la Xunta consideran que no es recurrible desde la perspectiva jurídica no lo haremos», indicó desde La Coruña, según recogió Ep.
«Si hay alguna posibilidad en derecho de recurrir entiendo que tanto el Gobierno central como la Xunta recurriremos», incidía. Para matizar que no seguirían adelante si los letrados «recomiendan no recurrir porque las posibilidades son nulas o muy escasas». El presidente gallego aseguraba que se conocería la decisión «en plazo», antes de la fecha tope del viernes.
