El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol trata de solucionar el acceso a la vivienda social a golpe de expropiación a los grandes propietarios, una medida pionera en España que marca el camino para la futura ley de vivienda que prepara Pedro Sánchez. Sin embargo, el Ejecutivo balear lleva años batallando sin éxito contra la morosidad y la okupación ilegal en estos pisos. Los datos ofrecidos ayer a ABC desde la Consejería de Movilidad y Vivienda confirman que el Ejecutivo balear tiene 97 viviendas sociales okupadas irregularmente y no cobra uno de cada cuatro recibos que emite.
El Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) tiene un parque de viviendas sociales de 1.806, de las que tenía alquiladas en 2020... Ver Más
