El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado que Italia incumplió se deber de proteger la vida de más de 200 migrantes y refugiados que viajaban en una embarcación hundida en 2013 en el mar Mediterráneo, tanto por no responder a las llamadas de auxilio como por demorarse en el envío de un barco militar que se encontraba en la zona.
A bordo de la embarcación naufragada viajaban más de 400 personas, entre ellos tres sirios y un palestino que perdieron a sus familias y que presentaron una queja conjunta ante el Comité de Derechos Humanos. Estos supervivientes han contado que partieron desde la ciudad libia de Zuará el 10 de octubre de 2013 y que solo unas horas después la embarcación fue tiroteada por otro barco con bandera bereber, cuando se encontraban a 113 kilómetros de la isla de Lampedusa.
Uno de los pasajeros llamó entonces al servicio de emergencias de Italia para advertir de que se hundían. Repitió su llamada en varias ocasiones, pero recibió como única respuesta que debía trasladar su alerta al centro de coordinación de rescates marítimo de Malta.
Cuando finalmente llegó a la zona una patrullera maltesa, la embarcación estaba ya hundida e Italia solo accedió a enviar un buque militar que se encontraba a apenas una hora porque las autoridades de Malta se lo pidieron de forma urgente. El Comité ha concluido que, como resultado de esta demora, se ahogaron más de 200 personas, entre ellas 60 niños.
Una de las personas que integran el Comité, Hélène Tigroudja, ha admitido que «es un caso complejo», ya que el incidente se produjo en aguas internacionales y en la zona de rescate que teóricamente corresponde a Malta, pero «más cerca de Italia y de uno de sus buques navales». Tal es así, que los expertos estiman que el barco italiano podría haber llegado dos horas antes del naufragio.
Tigroudja ha apuntado que, independientemente de la teoría sobre zonas de rescate, las autoridades italianas tenían en este caso el «deber» de apoyar la misión para «salvar las vidas de los migrantes». No hacerlo, ha añadido, «tuvo un impacto directo en la pérdida de cientos de vidas».
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado a las autoridades de Italia a investigar los hechos y depurar responsabilidades, al tiempo que también ha instado a todos los países implicados a indemnizar a las familias de las víctimas.
