La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la detención de Alberto Bazbaz, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de Presidencia, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, pero el juez se las negó.
Como sucedió con la petición de la acción penal contra Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, a quien la FGR acusó de traición a la patria, los otros dos operadores jurídicos del gobierno anterior libraron el proceso que pretendía iniciarles la fiscalía ante la valoración del Poder Judicial de insuficiencia de elementos para iniciarles una causa.
Desde 2019, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, reveló que tenía elementos para solicitar a la FGR una investigación contra ellos, como al menos 722 particulares y compañías que acusan fueron extorsionados entre 2014 y 2018.
En el sexenio pasado, dentro del gabinete del ex presidente Enrique Peña Nieto, el consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos; el ex titular de la UIF y del Cisen, Alberto Bazbaz, y el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, eran conocidos como Los Betos.
Sin embargo, para empresarios y políticos eran conocidos como Los Chapos jurídicos, pues crearon un equipo de extorsión y enriquecimiento ilícito bajo amparo del gobierno federal.
De acuerdo con las indagatorias, el esquema de extorsión iniciaba en la UIF que encabezaba Alberto Bazbaz, quien congelaba cuentas de empresarios y políticos por "sospecha de lavado de dinero". El también ex titular del Cisen enviaba los nombres de las víctimas al consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien a través de sus despachos los contactaba para ofrecerles sus "servicios legales" y "ayudarlos desde Los Pinos".
Según las investigaciones, a quienes no accedían a contratar los servicios legales se les amagaba con que se abriría una indagatoria en su contra en la PGR, donde Alberto Elías Beltrán era subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y más tarde, a la salida de Raúl Cervantes, quedaría como encargado de despacho.
De acuerdo con Santiago Nieto, no hay registros en la dirección de Procesos Legales de la UIF de las cuentas congeladas por Bazbaz.
Otra de las formas de extorsión por parte de Los Betos era que a través del SAT vendían "seguros de protección", para que empresarios evadieran impuestos.
Otro ex funcionario del sexenio anterior cuyos pasos sigue la FGR, pero que no han caído es David Penchyna, como ha ocurrido con todos los implicados por Emilio Lozoya en su denuncia con motivo del criterio de oportunidad que acordó con la FGR a cambio de no proceder en su contra por haber recibido 4 millones de dólares de Odebrecht.
Aunque ninguno ha acudido a declarar, Lozoya Austin señaló un entramado de complicidad y corrupción integrado por Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari.
Mañana vence el plazo de seis meses que estableció el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, para realizar la investigación de lo denunciado por Lozoya e incluso, para concluir las pesquisas del caso Agronitrogenados.
No obstante, la FGR apenas citó a declarar a Jorge Luis Lavalle el 26 de enero y no ha podido construir un caso que amerite una orden de aprehensión en contra de alguno de los ex funcionarios de mayor jerarquía que Lozoya denunció para intentar ser perdonado.
El 6 de enero, la FGR dijo que la próxima semana judicializaría la carpeta de investigación contra quienes contara con elementos probatorios suficientes, sin que hasta el momento se conozca en qué etapa del trámite se encuentra en el Poder Judicial.
Cuando el Ministerio Público federal de Gertz Manero armó una solicitud de orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por delitos electorales, traición a la patria, asociación delictuosa y cohecho, un juez se la negó.
La orden de aprehensión devino de las declaraciones realizadas por Emilio Lozoya, en donde señaló a funcionarios federales de los gobiernos de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; así como ex senadores y ahora gobernadores de origen panista.
Otro caso que no logró acreditar la FGR es el de los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil, toda vez que un juez federal rechazó otorgar las órdenes de aprehensión en contra de los dueños de la empresa Tera Realty, que en 2017 recibió una indemnización del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil 88 millones de pesos por la recisión de un contrato.
FLC
