El escándalo del falseo de los niveles de emisiones de Volkswagen destapado en EEUU tuvo allí mucho más ruido mediático que en Europa y que en España. El motivo: unas leyes de respeto medioambiental y de defensa de los consumidores muy débiles aquí, en comparación con las estadounidenses, país en el que a la empresa le supuso unos 15.000 millones de dólares en indemnizaciones… y en un tiempo casi récord.
Aun así, las demandas interpuestas en España siguieron avanzando lentamente, pero sin ningún resultado esperanzador, dado lo complejo del caso y la lentitud de los juzgados españoles. A pesar de ello, algo más de 7.000 clientes se reunieron en una plataforma común que ahora ha visto, más de cinco años después de destaparse el caso, cómo sus demandas han llegado a buen puerto al conocerse la condena al fabricante alemán por el conocido como 'dieselgate'.
Un número sin duda muy inferior a los casi 700.000 turismos diésel de la marca comercializados en España en los años anteriores –y hasta un año después–, con los motores TDI objeto de la manipulación del software que modificaba los niveles reales de emisiones. A esos cerca de 7.500 clientes españoles, el juzgado mercantil número 1 de Madrid les ha dado ahora la razón, comunicando la condena a la filial española del Grupo Volkswagen, que debe indemnizar con unos 3.000 euros por daños y perjuicios –y al pago de las costas–.
¿Puede esta sentencia abrir la puerta a cientos de miles de nuevas reclamaciones? Según el departamento jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta posibilidad está prácticamente descartada por haber prescrito ya los plazos. No obstante, la puerta no queda completamente cerrada, pues, como señalan desde Boleos Abogados, los plazos pueden ser interpretables. No obstante, todo apunta a que Volkswagen España no tendrá que enfrentarse a los más de 600.000 usuarios que podrían haber interpuesto en su día la demanda por la que este lunes dictó sentencia el juzgado madrileño.
Esta posibilidad habría obligado a la compañía a enfrentarse a compensaciones millonarias, irrisorias en comparación con los 16 millones de euros a los que ha sido ahora condenada sólo en base a los 7.500 clientes representados por la OCU.
Según este despacho legal, una de las pocas opciones para presentar ahora nuevas demandas sería declarar no haber tenido conocimiento anterior de los hechos, algo que dada la envergadura del conocido como 'dieselgate' no tendría aceptación alguna en un juzgado.
Ya en su momento, otra asociación de afectados, de la mano de Facua, presentó una demanda penal contra la marca. Cerca también de 7.000 clientes vieron cómo la Audiencia Nacional decidió archivar la causa, contratando a continuación los servicios de un despacho de abogados en Alemania para que evaluase opciones, pero que no llegaron a presentar la demanda. También allí el juicio que tuvo lugar con miles de clientes alemanes y que tuvo sentencia favorable a ellos ya señalaba que no era vinculante para los que no fueron demandantes, declarándose unos hechos probados para el que se hubiera presentado.
En España, sí ha habido algunas demandas particulares pero, en todos los casos, favorables para la filial española de Volkswagen, como la presentada años atrás por un cliente en Valencia por considerar que el vehículo adquirido en agosto de 2013 no cumplía con lo ofertado y que rechazó la justicia. La denunciante argumentó que lo compró por las tecnologías que incorpora para reducir el gasto de combustible así como las emisiones de CO2 y de NOx y que, por tanto, lo hacían más respetuoso con el medioambiente, reclamando la nulidad del contrato de compraventa, la devolución del importe abonado así como los gastos asumidos y que se la resarciese por el daño causado
El Juzgado, sin embargo, tras analizar las pruebas presentadas por las partes, llegó a la conclusión de que el vehículo era apto para la circulación y no representa mayor peligro para el medio ambiente que otros productos similares. Ahora, por primera vez, la justicia en España se posiciona del lado de los clientes.
