Nicaragua puso en vigor este lunes, por primera vez en su historia, la cadena perpetua por el crimen de feminicidio, cuando este sea cometido tras una violación, motivado por misoginia o frente a los hijos de la víctima.
La norma, aprobada la semana pasada por el Congreso, entró en vigencia este lunes tras su publicación en la gaceta oficial. También impone la misma pena al asesinato con agravantes como envenenamiento, asfixia, incendio, o si la víctima es una persona vulnerable.
La prisión perpetua "será aplicable únicamente a los delitos más graves en contra de la vida como el parricidio, asesinato agravado y femicidio", explicó el experto en derecho penal, y ex diputado opositor José Pallais.
Con la reforma, la cadena perpetua fue incorporada al Código Penal, que antes tenía una pena máxima de 30 años de prisión, incluso para femicidio, por lo que fue necesario cambiar además la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Según un informe de la organización no gubernamental "Católicas por el derecho a nacer", publicado en la prensa local, en Nicaragua se produjeron 716 femicidios entre 2010 y 2020, un número menor en comparación a sus vecinos.
La cadena perpetua también aplica a asesinatos motivados por el "odio", la "intolerancia y discriminación" por razones ideológicas, económicas, sociales, religiosas, de género, color de piel, nacionalidad, discapacidad o profesión de la víctima.
El jurista Pallais estimó que la incorporación de la cadena perpetua a la legislación "es un retroceso enorme" en materia de derechos humanos porque las condiciones de las cárceles en el país son "infrahumanas".
Pero en la reforma, los legisladores oficialistas subrayaron que la norma "no viola los derechos humanos" porque, según la nueva ley, se trata de una "cadena perpetua revisable", con lo que el condenado podrá apelar a la libertad condicional después de 30 años de prisión.
La norma aprobada alejó temporalmente el temor expresado por la oposición, de que se aplique la cadena perpetua a los críticos del presidente de Daniel Ortega, que considera motivados por el "odio" los pedidos de sanción para su gobierno.
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