El Gobierno se ha quitado de en medio en la polémica abierta en Alicante por los ruidos que emiten los trenes -sobre todo los propulsados por diésel de la red de cercanías con Murcia- al asegurar en una respuesta al diputado Joan Baldovía (Compromís), que las competencias para controlar la contaminación sonora en la estación son del Ayuntamiento de Alicante, al no superarse las 30.000 circulaciones al año. Es pues el Consistorio, según el Ministerio de Transporte, el que tiene que medir y poner los medios para solucionar un problema que los vecinos denuncian desde 2013. En concreto, según sus mediciones, hay momentos del día los que el ruido supera los 88 decibelios, cuando la ley solo permite un máximo de 45. Ivan Otero, portavoz de los vecinos, subrayó ayer que «la verdad es que estamos desanimados porque no nos han hecho caso. En octubre, Urbanismo envió a la Policía Local para hacer las mediciones pero no tienen medios para calcularlo bien. Solucionamos el tema del transformador, que se retiró, pero los ruidos siguen, sobre todo el verano. Ahora, con la reducción de la movilidad por la pandemia y con las ventanas cerrada se soporta mejor». El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Natxo Bellido, pedirá explicaciones al equipo de gobierno en el próximo pleno.
