Hasta ocho impuestos subirán este año con la adenda del castigo a los planes de pensiones, esos que deberían aliviar en el futuro la asfixia de la Seguridad Social. Esto es lo que ha dispuesto el Gobierno, con la ayuda de sus socios parlamentarios, de tal forma que España emprende en plena pandemia el camino contrario al tomado en el resto de Europa, donde entienden que no es momento de practicar un hachazo fiscal a ciudadanos y empresas, de la misma manera que el Ejecutivo aquí optó en 2020 por la cicatería en las ayudas a la economía, siendo estas muy inferiores a las puestas en marcha en los países de la UE con un peso homologable al nuestro. Se trata, al parecer, de compensar el desbocado incremento del gasto, acometido sin criterio en los Presupuestos, un ejemplo perfecto de populismo administrativo elaborado además sobre un cálculo fantasioso sobre los ingresos previstos, inflados según el Banco de España y otros organismos que han advertido del exagerado optimismo de un Gobierno que siempre marcha a contramano del sentido común.
