Por primera vez, unos Presupuestos Generales del Estado se pactan contra otra autonomía. Eso es lo que ha hecho ERC con el PSOE: aprobar las cuentas de Sánchez a cambio de subir los impuestos en Madrid. Eso sí, lo de Navarra y el País Vasco lo ampara la misma Constitución que tanto detestan
Gabriel Rufián -el mismo que anunciaba en 2015 pomposamente que “en 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana", y ahí sigue, cinco años después, cobrando su sueldo del Congreso constitucional y monárquico y sin volver ni a la república ni a Cataluña-, asegura ahora que ya ha llegado a un acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez para acabar “con el paraíso fiscal” de Madrid.
Si la palabra de Rufián tuviera algún valor –la hemeroteca demuestra que no- habría que echarse mano a la cartera antes de que ese “grupo de expertos” acabe con el “chiringuito fiscal” –en boca del republicano Gabriel-. Es decir: meta la mano en la cartera de los madrileños. Lo bueno es que ni él se cree a sí mismo, y apenas 48 horas después se matizaba: “Es muy complicado de hacer, decir lo contrario sería engañar a la gente”.
Personas con más formación que el dirigente republicano ya han avanzado que la “armonización” –es decir, subir los impuestos en Madrid, porque nunca piensan en ‘armonizar por abajo’- es inconstitucional. Así lo avisaba el exdirector de la Agencia Tributaria y articulista de Vozpópuli Ignacio Ruiz-Jarabo, que de esto sabe algo. El plan de ERC y el PSOE, Rufián y Sánchez, supondría "dar un hachazo al estado de las autonomías", tendría que modificarse la Constitución, centralizando el país y quitando competencias a las CCAA, rompiendo "un consenso constitucional".
Jarabo, en resumen, recuerda al presidente del Gobierno y a su socio republicano que “tendría que hacer algo que, si lo plantease un gobierno de centro-derecha, sería acusado de volver a las antípodas franquistas".
En auxilio de Rufián salía raudo el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens. El amigo íntimo de Pablo Iglesias, criado junto a Ada Colau y Pisarello en la plataforma Antidesahucios de Barcelona, no dudó como abogado en asesorar en el camino de la huida a los políticos del procés que acabaron tomando las de Waterloo…
Pues bien, Asens se sumaba a las tesis de calificar a Madrid de “paraíso fiscal para grandes fortunas y empresas", perjudicial para “la propia región, los servicios públicos y la España vaciada”. Y se ufanaba al recalcar que las excepciones fiscales de los conciertos en el País Vasco y Navarra son “cuestión diferente porque están amparados en la Constitución”. Vamos, la misma Constitución que ampara la monarquía y a Felipe VI y que para Asens y sus amigos de ERC y Podemos no tiene legitimidad alguna. La misma Constitución que no da cabida a un referéndum de autoderminación y que permite a Asens irse a fotografiarse con el huido Puigdemont junto a un cartel que rezaba “Gobierno legítimo”. La ley del embudo.
Los políticos independentistas como Rufián –Asens dice sentirse más cómodo como ‘soberanista’- callan, sin embargo, cuando se les recuerda que Cataluña es la autonomía con los impuestos autonómicos más altos... y que les luce poco.
O se van a negro cuando se trata de arrojar luz sobre el coste, por ejemplo, de la televisión y la radio autonómicas catalanas. Este año, y según los últimos presupuestos aprobados por el ya defenestrado Quim Torra, la Corporación de Medios Catalanes –TV3 y Catalunya Radio- han recibido nada menos que 253 millones de euros públicos. De ellos, y en plena pandemia, mientras los hospitales se colapsaban, 240 millones por transferencia directa de la Generalitat.
Para tomar conciencia de los que suponen esas cifras, Telemadrid recibirá en el mismo periodo 83 millones. Y Canal Sur, puesta durante años como ejemplo de dispendio al servicio de un régimen, 157 millones de euros, casi la mitad. En TV3 y Catalunya Radio trabajan casi el doble de empleados que en Atresmedia o Mediaset. Por no hablar del gasto en las 'embajadas' catalanas, subvenciones a los historiadores del nuevo catalanismo y sin el 3%... Pero esto, a Asens o Rufián no les parece un chiringuito.
De la obsesión del diputado Rufián y otros políticos catalanes teníamos pruebas. En el fondo, como recordaba el propio vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, la constante huida de empresas desde el procés hasta hoy (más de 3.000 se han trasladado de Cataluña a Madrid desde 2017, lo siguen haciendo ahora y nunca han vuelto) es un dato demasiado sangrante. Pero prefieren culpar solo a la fiscalidad asfixiante antes que a la situación política a la que han llevado a Cataluña. Y lo peor es que quieren exportarlo a Madrid y al resto de esa España que, según Felipe González, ERC y Bildu "quieren que se desguace".
