El Ejecutivo achaca la tardanza en la adjudicación del 'megacontrato' de 2.500 millones al incumplimiento de las comunidades en los plazos establecidos para sumarse al acuerdo marco
El Ministerio de Sanidad anunció que a mediados de agosto tendría una lista de proveedores a los que les adjudicaría el megacontrato sanitario por valor de 2.500 millones de euros y así evitar el desabastecimiento de la administración... pero la licitación no llegó hasta bien entrado noviembre, aún con la mitad del contrato por resolver. El departamento de Salvador Illa adujo la complejidad del procedimiento y la multitud de ofertas recibidas. Ahora, el Gobierno responsabiliza a las comunidades autónomas de forzar esta tardanza y las culpa de sumarse al acuerdo marco fuera de los plazos establecidos.
Tal y como contó Vozpópuli, el megacontrato de 2.500 millones es la herramienta establecida por Sanidad para que diferentes órganos de la administración tengan acceso directo a material sanitario para hacer frente al coronavirus; una suerte de puente que ofrecía Salvador Illa para que autonomías y ministerios tuvieran acceso directo a unos proveedores que superasen todas las exigencias establecidas.
A dicho acuerdo se sumaron todas las comunidades autónomas, salvo Valencia, los ministerios de Defensa e Interior, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Sanidad había dividido el megacontrato de 2.500 millones en varios lotes y recibió ofertas de 155 empresas para suministrar el material. A pesar de la fecha anunciada de agosto, el proceso no se culminó -parcialmente- hasta este mes de noviembre. Algunos de los departamentos que se sumaron al proceso tuvieron que hacer acopio por su cuenta del material ante estas tardanzas.
El grupo parlamentario de Ciudadanos pidió información al Gobierno ante esta cadena de retrasos de los que informó Vozpópuli. En una respuesta escrita, el Ejecutivo de Pedro Sánchez responsabiliza a los gobiernos regionales de sumarse fuera de plazo al procedimiento, lo que obligó -a su juicio- a posponer algunas de las fases de la licitación.
"Durante la fase de tramitación inicial de licitación, y encontrándose ésta en periodo de presentación de ofertas, distintas Comunidades Autónomas, que inicialmente no habían manifestado su interés en la participación en el Acuerdo Marco, solicitaron su inclusión al valorar el riesgo de desabastecimiento del material objeto de la licitación que pudieran sufrir", afirma el Gobierno en su respuesta escrita, remitida a Inés Arrimadas y Guillermo Díaz, de Ciudadanos.
Y añade: "En atención a lo anterior, el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad y del Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dictó resolución adoptando la decisión de no adjudicación del Acuerdo Marco 2020/065, modificándose los pliegos para dar cabida a todas las comunidades autónomas que habían expresado su voluntad de participar". Dicha circunstancia sirvió a Sanidad para modificar las condiciones de solvencia técnica y económica de los pliegos "con el objetivo de facilitar la presentación del mayor número de empresas posibles".
Hasta el momento, Sanidad ha adjudicado los lotes de batas con distinto nivel de protección, kits de extracción y test moleculares, cuyo valor es equivalente a aproximadamente la mitad del fondo presupuestado para esta gran licitación. Como contó este diario, el Gobierno centró las ofertas en proveedores sanitarios nacionales y sólo hay dos adjudicaciones a firmas extranjeras: una de origen portugués y otra surcoreana.
Aún falta la adjudicación de las mascarillas, gafas de protección y guantes, aunque el Gobierno no ofrece una fecha límite para cerrar los acuerdos: "El resto de los lotes, hasta completar los once licitados, se adjudicarán en los próximos días".
Sanidad no sólo ha sido crítico con la diversidad de las 17 comunidades, sino que en las últimas semanas ha solicitado un papel más protagonista de Bruselas. “La Unión Europea debe potenciar mecanismos para realizar compras centralizadas”, reclamó Francisco Valero, coordinador de la Unidad de Estrategias de Aprovisionamiento del Sistema Nacional de Salud (organismo perteneciente al Ministerio de Sanidad), el pasado martes en un evento en el que participó Vozpópuli.
"Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar estructuras europeas de decisión común, con el fin de poder dar una rápida respuesta coordinada en relación a las intervenciones necesarias en el marco de la salud pública", defendía. El representante de Sanidad reiteraba que un sistema centralizado europeo haría que los países fueran "más eficientes en épocas de normalidad y disponer de mayor capacidad para las crisis venideras". Una alternativa también para evitar 'el caos' con sus comunidades.
