El expresidente de la Generalitat huido de la justicia, Carles Puigdemont, ha logrado que la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo apruebe su petición de aplazar su comparecencia en el proceso de retirada de su inmunidad parlamentaria. Previsto para el 7 de diciembre, el trámite se llevará a cabo finalmente, si no surge otro aplazamiento, el 14 de enero.
La maniobra de Puigdemont se enmarca dentro de su estrategia para retrasar todo lo posible cualquier decisión sobre su suplicatorio, con la esperanza de que en el intervalo el Gobierno socialista español haya tenido tiempo para tramitar los indultos a sus cómplices o la reforma del Código Penal para suavizar las penas por sedición. En ese caso, tal vez espera que algunos grupos políticos pudieran cambiar sus posiciones, que actualmente, y que se sepa, son favorables a la concesión del suplicatorio, en este caso los socialistas españoles incluidos. También es posible que Puigdemont esté pensando en el calendario de las elecciones catalanas, en las que ha dado a entender que tal vez podría participar.
Gonzalo Boye, el abogado del prófugo, condenado a su vez por actividades terroristas, está inundando los servicios jurídicos del Parlamento y a los miembros de la comisión JURI de todo tipo de documentos, la mayor parte de ellos recortes de prensa, para ahogar de trabajo a los servicios de traducción, que ahora, con la pandemia, están en mínimos. Fuentes cercanas al caso hablan de miles de papeles, la mayor parte de ellos irrelevantes y muchos en catalán, lo que requiere una doble traducción, para tratar de provocar el más mínimo resquicio con el que poder argumentar un vicio de indefensión.
La petición del aplazamiento la pidió Puigdemont en una carta -que al parecer contiene la misma redacción que las de Antoni Comín y Clara Ponsatí- en la que alega aspectos técnicos como su teoría de que el Tribunal Supremo no es competente para solicitar el suplicatorio. También señala otros aspectos, como la reclamación de que no está claro que la comparecencia pueda hacerse de modo telemático como se había previsto.
Todos los miembros de la comisión JURI habían acordado que la comparecencia en la que los interesados tienen la oportunidad de explicar su posición se hiciese por teleconferencia, teniendo en cuenta las circunstancias de la pandemia. Se trata de un punto prácticamente formal, puesto que ni siquiera están obligados a ir. Pero ahora algunos se temen que el abogado de Puigdemont intente sacar punta a cualquier argumento que le permita impugnar todo el procedimiento. En previsión de ello, algunos responsables del caso estarían analizando la posibilidad de pedir que se levanten temporalmente, al menos, las restricciones de acceso al edificio del Parlamento Europeo, para permitir que sea presencial y no dar así pie a reclamaciones de nulidad por ello.
Al parecer, los propios servicios jurídicos del Parlamento habían aceptado que era necesaria la incorporación de una solicitud del suplicatorio tramitada directamente por el Ministerio de Justicia, y no directamente por el Tribunal Supremo, pero ese documento se ha quedado atascado por alguna razón en el gabinete del presidente del Parlamento, el socialista David Sassoli.
Los aplazamientos de este trámite no han sido inusuales en casos anteriores, pero siempre se han decidido como un gesto de cortesía, cuando los interesados alegaban causas personales más que de procedimiento como sucede en este caso, en el que los afectados cuentan con un abogado que ha forjado su reputación en el uso de tácticas obstruccionistas aprovechando cualquier resquicio del que sus clientes puedan abusar. Los miembros de la comisión JURI, empezando por el ponente de este caso, el conservador radical búlgaro Angel Dzhambazki, temen que en cualquier momento se utilice el menor error para invalidar el procedimiento.
En todo caso, la tradición es que se les ofrezca esta oportunidad para explicarse ante la comisión JURI, pero la idea que tienen la mayoría de sus integrantes es que ha de ser el último aplazamiento y que si no quieren comparecer están dispuestos a continuar con el trámite.
