El PP ha anunciado que obstaculizará la implantación de la nueva Ley de Educación en las comunidades autónomas donde gobierna. Pero Génova ha fracasado en el intento de fraguar un frente autonómico anti-Celáa por falta de apoyos. Ahí los populares se han quedado solos en la batalla contra el Ejecutivo central.
El Congreso de los Diputados aprobó por la mínima la semana pasada la reforma educativa elaborada entre PSOE y Unidas Podemos. El polémico articulado, que está recibiendo una fuerte contestación social, salió adelante por 177 votos a favor (uno más de lo que marca la mayoría absoluta) frente a 148 en contra y 17 abstenciones.
Obtuvo el respaldo de ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias. JxCAT y Bildu se abstuvieron, junto al BNG, Teruel Existe y la CUP. Rechazaron la norma el PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.
Coalición Canaria y el PCR de Miguel Ángel Revilla votaron en contra de la ley Celáa, y en el PP no se pasó por alto que se trata de formaciones políticas que forman parte de los Gobiernos de Canarias y Cantabria, respectivamente.
Atendiendo a esa circunstancia, y tras la aprobación por la mínima en el Congreso, el primer movimiento del PP fue crear un “frente autonómico”, para que las comunidades donde gobiernan pidieran una convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Educación -máximo órgano de interlocución del Gobierno con las autonomías en materia educativa- para debatir la “paralización” de la aplicación de la ley.
Fuentes del PP confirman a Confidencial Digital esta operación, y los contactos que la dirección nacional ha mantenido en los últimos días con los distintos partidos, especialmente con Coalición Canaria y el PRC, dirigidos a solicitar por carta al Ministerio de Educación una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial en la que debatir la ley.
Sin embargo, fuentes conocedoras de la ofensiva confirman a ECD que las gestiones de Génova para forzar la convocatoria de este órgano han fracasado. El PP se ha quedado solo, con sus cinco gobiernos autonómicos, en la batalla contra la ley de Educación que apoyan por PSOE, Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes.
La respuesta que han recibido de Coalición Canaria y el PCR es que, pese a que se manifiestan públicamente en contra de la normativa, “estamos gobernando con el PSOE en nuestras autonomías, y no podemos boicotear a la ministra en un órgano en el que no representamos a nuestros partidos, sino a todo el gobierno regional”.
En la dirección del PP manejan el artículo 6 del reglamento de la Comisión Sectorial de Educación, que dice que “a iniciativa de la presidencia o de los vocales de seis comunidades autónomas podrán celebrarse sesiones extraordinarias que versen sobre cuestiones específicas”.
El problema es que el PP gobierna solo en cinco de las 17 autonomías: en Galicia y la Región de Murcia en solitario, y en Madrid, Andalucía y Castilla y León en coalición con Ciudadanos, que también rechaza la ley Celáa al igual que Vox. Ese escenario impide forzar la convocatoria de este órgano para intentar un plante al Gobierno.
En el Ministerio de Educación advierten, no obstante, que una cosa es que las autonomías lo pidan y otra que la ministra se preste a convocar la Comisión, porque “es la que tiene legitimidad para hacerlo”.
También recuerdan que la Comisión Sectorial de Educación es un órgano consultivo, en el que “no se vota”, e insisten en que la ley Celáa “es una ley orgánica de obligado cumplimiento que está en vigor, como el Código Penal”.
Pese a ello, fuentes del Gobierno sí admiten en privado a ECD que existía “preocupación” por el gran efecto mediático que supondría que siete consejeros autonómicos se enfrentaran a la ministra Isabel Celáa en el Consejo Sectorial de Educación, precisamente en la línea del plante que protagonizaron en su día varios de ellos contra la ley Wert.
