“Mi estómago iba creciendo, fui al centro de salud con mi mamá y nos dijeron que iba a tener un bebé. Tuve mucho […]
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“Mi estómago iba creciendo, fui al centro de salud con mi mamá y nos dijeron que iba a tener un bebé. Tuve mucho miedo, porque estaba muy chiquita y no sabía si iba a aguantar el dolor”, relata Blanca (nombre ficticio) a Deutsche Welle, desde Guatemala.
Por DW.com
Cuando quedó embarazada producto de una violación, Blanca tenía 13 años. Ahora ya tiene 15 y una hija de 1 año. Ambas viven en un centro de La Alianza, institución financiada con fondos de distintas organizaciones internacionales y que lleva a cabo en Guatemala un programa de atención integral y estratégica dirigido fundamentalmente a víctimas de violencia sexual y trata.
Embarazos no deseados, maternidades impuestas
América Latina registra la segunda tasa de embarazos adolescentes del mundo. De hecho, el 18 por ciento de los nacimientos de toda la región se deben a madres menores de 20 años. Los cuerpos y las vidas de las jóvenes sufren el fuerte impacto de una gestación la mayoría de las veces no deseada y de una maternidad en muchas ocasiones impuesta dentro una sociedad en la que el valor de la mujer se mide por su rol como madre.
Como apunta el reciente informe del Fondo de Población de Naciones Unidas titulado “Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en la Adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe”, muchos de estos embarazos son producto de la falta de información, el acceso limitado a los métodos anticonceptivos y la violencia sexual y de género.
Abusos sexuales normalizados
Todos estos factores se dan en Guatemala, uno de los países con la tasa de fecundidad adolescente más elevada de América Latina y en donde la violencia sexual de niñas y adolescentes está “normalizada”, dice a Deutsche Welle Carolina Escobar, escritora y directora nacional de La Alianza. “Tuvimos una niña embarazada por su abuelo, que había violado también a otras muchachas de la familia. Esas víctimas ya grandes, con sus hijos, defendían al agresor y nos esperaban fuera de la sala de audiencias para tirarnos piedras, porque el abuelo mantenía a toda la familia y las mujeres lo veían como su única fuente de ingresos para ellas y sus hijos”. Así relata Carolina Escobar uno de los casos que La Alianza acompañó en los tribunales dentro de su programa, que incluye el acceso a la Justicia para las víctimas.
La defensa social del agresor cobra aquí una índole económica, pero el problema es complejo y multidimensional, está incrustado en una sociedad machista y conservadora y se agrava especialmente en situaciones precarias. “Cuando el abuso ocurre, las mujeres adultas de la familia solo voltean la mirada”, apunta Escobar.
Dramático impacto en sus vidas
“Mi vida cambió mucho cuando quedé embarazada. Es un tiempo que yo allá afuera hubiera aprovechado para estudiar”, prosigue Blanca. “Yo desde chiquita quería ser maestra”, agrega la joven de 15 años.
“Ni sus cuerpos, ni su sistema nervioso están listos para un evento tan traumático como un nacimiento. Ya la adolescencia es traumática en sí misma, pero el embarazo les obliga a saltar procesos y les impide seguir cualquier desarrollo que pudieran haber tenido en la escuela y en sus relaciones personales”, dice Carolina Escobar. “Además es un problema de salud pública, porque el riesgo perinatal asociado a un embarazo temprano es enorme”, agrega la directora de La Alianza.
Uno de los mayores desafíos de la región
El reciente informe del Fondo de Población de Naciones Unidas destaca precisamente la dimensión socio-económica del embarazo adolescente en seis países latinoamericanos, entre ellos Guatemala. El estudio trata de cuantificar el costo de este problema, que califica como “uno de los mayores desafíos sociales, políticos y económicos de la región”. Las muchachas quedan “atrapadas en un círculo vicioso de pobreza y exclusión que les afectará principalmente a ellas, pero que también limitará las oportunidades de sus hijos y, de forma agregada, dada la magnitud del embarazo adolescente en la región, afectará la realidad de sus comunidades y países”, reza el texto.
En el caso concreto de Guatemala, el estudio del FPNU asume que la tasa de embarazos no intencionados en adolescentes es del 60,3 por ciento y cuantifica en 12,9 millones de dólares el monto que el sistema de salud guatemalteco podría haberse ahorrado en 2018 si el país hubiera llevado a cabo una política de prevención efectiva.
Diana (nombre ficticio) tiene 25 años y también vivió un tiempo con su bebé en La Alianza tras quedar embarazada por violación. Después tuvo la oportunidad de formarse como auxiliar de enfermería y ahora trabaja cuidando bebés de otras muchachas en la guardería del centro que antiguamente la acogió.
La relación con su familia es difícil, especialmente desde que nació su hija. En un principio, Diana rechazó y entregó a su bebé por falta de apego, pero después la aceptó y consiguió que viviera con ella. La niña ya tiene 9 años. “La relación con ella es muy bonita. Ella me inspira, me da motivos para seguir adelante. Y quiero continuar adelante porque su futuro depende de mí”, dice Diana, decidida a convertirse en enfermera profesional y no perpetuar en su hija las vulnerabilidades de las que ella fue víctima.
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