Pese a la compra por parte de la estadounidense Ritz Carlton,
el astillero vigués Barreras no acaba de superar sus problemas financieros. En sus gradas se construye el crucero de lujo para esta compañía estadounidense, que tuvo que acabar comprando la factoría a Pemex para poder acabar el barco. Ahora Barreras aspira a acogerse al fondo de rescate y ha mantenido conversaciones con la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), según informaron a Efe fuentes de la Xunta, que fue la que planteó al Gobierno esta opción.
Para participar de ese fondo de apoyo a la solvencia a empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros, ya se ha postulado Globalia, propietaria de Air Europa, Halcón Viajes y la cadena hotelera Be Live. Este instrumento fue aprobado por el Gobierno el pasado 3 de julio con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia de la covid-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.
Fuentes de la Xunta indican que en vista de que países como Alemania o Países Bajos están respaldando a empresas del naval en apuros con fondos de estabilización económica, se planteó desde la administración gallega que Barreras, el mayor astillero privado de España, se pueda acoger al fondo de rescate si cumple una serie de requisitos. Entre estos requisitos figura que la empresa tenga domicilio social y sus principales centros de trabajo en España; no estar incursa en concurso de acreedores o en situación de insolvencia; que la falta de esta inyección de liquidez amenazara su continuidad; o que el cese forzoso de su actividad tuviera un elevado impacto en la actividad económica o el empleo a nivel nacional o regional. También deberá demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, presentar una previsión de reembolso del apoyo estatal y no haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. Por último, deberá hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas y de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. El fondo está adscrito al Ministerio de Hacienda y será gestionado por un consejo gestor a través de la SEPI.
Industria auxiliar
Las industrias auxiliares coordinadas por Asime e integradas en la sociedad mercantil Uninaval valoran positivamente «la posible entrada de capital» en Barreras de la SEPI. Las auxiliares denunciaban esta semana que los nuevos propietarios no habían pagado el dinero que les adeudaban por varios proyectos (Havila y Armas) y pedían garantías de que iban a cobrar el 50% de la deuda pendiente por los trabajos ya realizados en el crucero de lujo «Evrima».
«Nos parece una operación razonable. Cualquier solución en esa línea es positiva siempre que esas aportaciones se destinen a paliar la precaria situación en la que se encuentran las empresas auxiliares, que están soportando una deuda ingente que, de no liquidarse en un breve plazo, abocará a la desaparición de varias de las empresas afectadas», señala hoy Uninaval en un comunicado.
Un total de 18 empresas están tramitando una demanda para reclamar el cobro de las cantidades debidas, un procedimiento que «entra dentro de la normalidad empresarial ante esta situación y con el que continuaremos mientras no tengamos garantías fehacientes de pago de la deuda». Algo que «esperamos llegue pronto con una operación de inyección de liquidez por parte de la SEPI o con cualquier otra vía de índole privada», subraya Uninaval en su comunicado.
Asime y Uninaval ven «razonable» la operación planteada, en vista de que el fondo de solvencia ya se ha utilizado en otros países «competidores directos» de la industria naval gallega, como son Alemania y Países Bajos, aunque destacan también otras posibles vías de inyección económica como la aportación de capital por parte de los propios accionistas.
