La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la condena a cuatro años y nueve meses de prisión a dos policías nacionales, destinados en 2014 en la Comisaría del distrito Macarena, que entraron sin pedir permiso y sin orden judicial de entrada y registro en el domicilio de un presunto traficante de drogas en Pino Montano, donde se incautaron de 80 gramos de cocaína. Informaron en Comisaría de que había sido detenido en la vía pública y no en la vivienda.
La Sala, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desestima el recurso de casación interpuesto por los dos agentes condenados contra la sentencia de enero de 2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla que les impuso la citada pena de prisión por delitos de allanamiento de morada, detención ilegal y falsedad en documento oficial. Los agentes fueron absueltos de un delito de robo del que estaban acusados al no haberse acreditado que se incautaran de otros efectos o dinero, al margen de la cocaína -80 gramos y una monodosis- y de una navaja.
El fallo de la Audiencia de Sevilla conllevaba la expulsión del cuerpo de los dos procesado, condenado también a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión de policía. No obstante, Enrique M. C., de 37 años, y Ángel C. M., de 38 años, se enfrentaban a una petición más severa de cárcel por parte de la Fiscalía, que reclamaba para ellos 14 años de prisión.
Hace seis años
Los hechos ocurrieron en febrero de 2014. Ambos agentes, estando de servicio bajo el indicativo Macarena 202 y «convenientemente uniformados», se personaron en el domicilio de la víctima, un conocido camello de Pino Montano.
Tras llamar a la puerta, abrió la madre, una señora de avanzada edad. Preguntaron por su hijo y «al contestarle que estaba en el cuarto de baño, procedieron seguidamente, sin pedir permiso a los moradores y sin estar provistos de mandamiento judicial, a entrar en la vivienda», según relata la Audiencia de Sevilla en su sentencia.
El presunto traficante salió al pasillo en albornoz y los policías condenados le dijeron que entrara en su habitación. Allí permanecieron unos 15 minutos. Los agentes encontraron en el dormitorio 80 gramos de cocaína, una monodosis y una navaja. A continuación se llevaron al denunciante a comisaría en calidad de detenido.
Para acceder a la vivienda no usaron la violencia o la intimidación: «Se limitaron a entrar prevaliéndose de su condición de policías uniformados». Los magistrados recuerdan que no había ninguna investigación en curso que justificara esa medida.
Tras la detención ilegal, los agentes falsificaron el atestado que dio origen a unas diligencias previas que recayeron en el juzgado de Instrucción 17 de Sevilla. Los funcionarios aseguraron que detuvieron en la calle al traficante, después de que intentara huir a la carrera. La droga, según ese relato falso, se le cayó al detenido y al cachearlo, los agentes le encontraron la monodosis y la navaja.
Asuntos Internos
El denunciante estaba siendo investigado en otro caso de narcotráfico por el que acabó detenido. Le tenían el teléfono intervenido y así los agentes de pudieron oir cómo le contaba a un amigo la actuación policial irregular que había sufrido y la necesidad de buscarse un abogado. Asuntos Internos destapó el caso.
Ahora el Tribunal Supremo, en su sentencia, señala que en este caso «no existía otra cosa que unas meras sospechas acerca de la posible dedicación del perjudicado al tráfico de drogas». Como ya dijera la Audiencia, tampoco existían diligencias abiertas, ni órdenes superiores, ni datos acreditados que justificaran la investigación.
Sobre esta cuestión indica que no se puede aceptar que los agentes afirmen que «tenían sospechas» de que el titular del domicilio o el detenido estaba cometiendo un delito, sino que debe acreditarse que las sospechas tienen una mínima consistencia que, al menos desde perspectivas razonables, aunque sean discutibles, podrían autorizar la actuación policial.
Concluye que los acusados entraron en la vivienda sin pedir permiso, como recogen los hechos probados. A este respecto, destaca que «lo que la Constitución exige es la autorización del titular para entrar en un domicilio. No es necesario que se resista, de una u otra forma, a la entrada. Basta, pues, con la utilización de vías de hecho previas a la autorización».
En relación con el delito de detención ilegal, el tribunal rechaza la tesis de los condenados basada en que mediaba causa por delito, debido a que como consecuencia de esa detención y de la ocupación de la droga se incoaron diligencias previas.
Sabían que la detención no era lícita
Aunque oficialmente solo más tarde se pudo saber que la aprehensión de la droga que justificaba la incoación de ese procedimiento se había producido a través de una vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y que, por lo tanto, no podía ser valorada como prueba, esas circunstancias ya eran conocidas por los acusados recurrentes cuando practican la detención del perjudicado. «Es decir, que los acusados sabían que la detención practicada no era inicialmente lícita», lo que excluye la aplicación del artículo 530 del Código Penal.
En cuanto al delito de falsedad, señala que en los hechos probados se declara que los 80 gramos de cocaína, la monodosis y la navaja se encontraron en la habitación del perjudicado, y no que fue hallado cuando procedieron a su detención en la vía pública, como sostienen los recurrentes. Para la Sala, ello es suficiente para afirmar, como se hace en la sentencia, que esos hechos son constitutivos de un delito de falsedad al haber faltado a la verdad en la narración de los hechos, cuando los recurrentes comparecieron dando lugar a la formación del pertinente atestado policial.
