Su propuesta busca reforzar el diagnóstico de servicios sociales que acredite al juez la situación de vulnerabilidad
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana , José Luis Ábalos, confía en poder llegar en dos semanas a un acuerdo con Unidas Podemos para alargar la prohibición de desahucios de población vulnerable, pues ya tiene una propuesta concreta que afina más el diagnóstico de los servicios sociales para acreditar ante el juez la necesidad de permanecer en la vivienda.
Además, ha avanzado que, de forma complementaria, van a prorrogar seis meses más las líneas de avales al arrendamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el Covid-19, para ayudar así a pagar el alquiler a personas que ahora no disponen de recursos para ello.
En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el ministro ha asegurado que el Gobierno tiene la "sensibilidad" y el "empeño" de enfrentar el "drama de los desahucios", pero debe hacerse desde el "rigor".
Por ello, su departamento ya trabaja en una propuesta concreta que va a someterse a debate con el Ministerio de Economía y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que pasa en principio por prorrogar un tiempo más la imposibilidad de desahucios por impago de arrendamiento de personas afectadas por el Covid-19, que ahora está vigente hasta enero del año que viene.
También buscan incorporar a todas las situaciones de desahucio previas a la pandemia y mejorar el diagnóstico de vulnerabilidad que el juez necesita previamente para evaluar la imposibilidad de lanzamiento, para lo cual requieren también la implicación de las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de vivienda, y los ayuntamientos.
Preguntado sobre si comparte las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que apuntaba a que el decreto estaría listo en un plazo de dos semanas, Ábalos ha respondido que "ojalá sea en 15 días" y que el Ministerio de Derechos Sociales ya tiene su propuesta. Por tanto cree que en breve podrán tener preparada la medida.
PRÓRROGA DE AYUDAS ICO
Finalmente, Ábalos ha desvelado que van a prorrogar el acceso a las ayudas ICO para arrendamiento, habilitadas por el Covid-19, durante seis meses más como medida complementaria, para que los beneficiarios seguir en su vivienda pese a que aún no disponen de recursos suficientes.
En octubre, su Ministerio decidió prorrogar la 'Línea de avales de arrendamiento Covid-19' hasta el 30 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre la prórroga del plazo para su formalización, de acuerdo con la orden del BOE que ha entrado en vigor este jueves.
En el Real Decreto Ley de 31 de marzo por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia y que regulaba una serie de medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables, se establecía la aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del virus.
En este artículo se autorizaba al Ministerio de Transportes Movilidad y a Agenda Urbana para que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), desarrollase una línea de avales con total cobertura del Estado para que las entidades de crédito pudiesen ofrecer ayudas transitorias de financiación a los arrendatarios de vivienda habitual que se encontrasen en una situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogables otros cuatro, y sin que "devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante".
Se estableció que podrían acceder a estas ayudas transitorias de financiación todos los arrendatarios que se encontrasen en una situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del Covid, de acuerdo con los criterios y requisitos que se definían a través de una orden del Ministerio publicada el pasado mes de mayo.
Posteriormente, el Ministerio y el ICO suscribieron un convenio para la gestión de los avales y la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la línea de avales de arrendamiento del coronavirus.
