Los ambientalistas de Nicaragua ven con suspicacia la "buena voluntad" del Gobierno que, a través del Instituto Nacional Forestal (Inafor), emitió una resolución para que las poblaciones afectadas por los huracanes Eta y Iota, puedan aprovechar la madera de árboles caídos como consecuencia de los fenómenos naturales, pero que en realidad, podría ocultar "intereses oscuros" de favorecer a empresas ligadas al régimen.
La resolución CODF 54-2020 emitida por el Inafor el viernes 20 de noviembre, establece una serie de requisitos que las personas interesadas en usar la madera para la reconstrucción de sus viviendas deben llenar para tal fin. Entre estos se estableció en el numeral que se debe entregar una "georreferenciación del área de intervención" para lo que se pide "designación, aceptación y acreditación del Regente Forestal", una figura legal que se encarga de garantizar la gestión sostenible de los bosques.
Pero en el numeral nueve de la resolución, el Inafor además establece que los afectados deben cumplir con el requisito de un "pago por servicios conforme en la Resolución Administrativa CODF 07-2018 Resolución de Tasas por servicios forestales" y un "acta de inspección técnica realizada por la Comisión Interinstitucional e Informe con fotografías".
Para Amaru Ruiz, de la confiscada Fundación del Río, la resolución abre las puertas a que haya un aprovechamiento de la madera no solo por parte de los comunitarios, sino de empresas afines a los intereses del régimen. Teme, por ejemplo, "que vuelva Albaforestal", que nació en 2009 para la extracción de madera caída, luego del paso del huracán Félix, también por el Caribe Norte de Nicaragua.
Ruiz señala a la empresa de aprovechar toda la madera caída y "la que ellos mismos botaron", por un monto de cinco millones de metros cúbicos y "no bastándoles continuaron con la extracción en otras comunidades".
"Cuando llegaron a esa zona mucha de la madera caída estaba podrida, porque ya había pasado mucho tiempo. Eso significó una serie de aprovechamiento de bosque en pie, que lo que vino a terminar de impactar, tanto en esos ecosistemas como en esos bosques porque abrieron trochas y saquearon prácticamente los recursos forestales", recuerda.
Ruiz dice que la misma situación se está volviendo a repetir pues la resolución del Inafor, agrega, no inicia con una valoración técnica ambiental del impacto de los huracanes, sino más bien lo hace con una decisión política.
"Cuando vos lees que eso es para el aprovechamiento de las familias, vos ves los requisitos que le piden a las familias, contratación de un regente, pago de impuestos y toda la tramitología para el aprovechamiento ambiental", se queja Ruiz, quien además asegura que las personas no podrán cumplir con esos requisitos.
El ambientalista sospecha que detrás de todo esto podría estar el intento del régimen de Ortega de comprar esa madera con fondos de la ayuda para los damnificados y posteriormente venderla al Estado de Nicaragua para favorecer a sus propias empresas que se encuentran en el negocio maderero.
"Como no establece en ningún lado la resolución qué cantidad de metraje cúbico se puede utilizar, ninguna empresa va a ir a esa zona a aprovechar la madera si no es rentable y para que se vuelva rentable debe haber un proceso de comercialización de la madera y es por eso que la misma resolución establece que se permitirá el transporte de dicha madera y eso significa que la podés mover de la región", explicó.
Según Juan Carlos Ocampo, lider comunitario de los territorios Sangni Laya, muchas de las zonas afectadas por los huracanes no tienen madera que pueda ser utilizada para la reconstrucción de las viviendas y por tanto esta debe ser trasladada desde otras zonas. Menciona, por ejemplo, el caso de las comunidades Wawabar o Halouver, que no tienen acceso terrestre y llevar parte de la madera para una casa puede llegar a costar hasta 10 mil córdobas en lancha rápida.
Ocampo dice que, cuando hay una situación de desastre, las comunidades permiten el aprovechamiento de la madera sin cobrar ningún costo para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas. Actualmente, explicó Ocampo, cuando la madera es para "uso doméstico", dentro de la comunidad se paga un córdoba por pie tablar, la unidad de medida de la madera. Por lo que una casa básica, puede usar seis mil pies tablares, que supondrían seis mil córdobas.
El problema, según explica, es que también hay una serie de requisitos que piden las autoridades que hacen que los costos de aprovechamiento de la madera sean demasiado elevados y por ello muchas personas prefieren pagar "coimas", en los puestos de control, para no verse afectados.
"Las comunidades que se quedaron sin casa, no tiene gran cantidad de madera para la construcción. Por lo general hay más pino en la parte donde es llano y en la parte donde es bosque hay más madera dura y más pesada. Supongo que la gente en esas comunidades va a terminar haciendo sus casas con la madera que encuentre y eso supone que no se tomen los requerimientos técnicos necesarios para que esas casas sean fuertes", dijo Ocampo.
El Gobierno le pide a los comunitarios requisitos que tienen un costo económico según lo establecido en sus propias tasas. Por ejemplo: la designación del regente tiene un costo de 40 dólares, mientras que una inspección por volumen excedente cuesta 80 dólares según la misma tabla.
Pero además, los solicitantes deberán pagar un contrato de reposición del recurso y un pago por servicios, que cuestan 7.37 y 5 dólares respectivamente. Es decir, que cada solicitante deberá desembolsar 132.37 dólares para poder aprovechar la madera caída de sus propios territorios y así volver a construir su vivienda.
El Caribe Norte de Nicaragua, impactado por los huracanes Eta y Iota es uno de los más pobres de todo el país, y según las mismas cifras del Gobierno, 5800 viviendas quedaron destruidas y otras 38 000 tienen daños parciales.
Esos costos serían imposibles de pagar para los comunitarios que actualmente perdieron todo, por el impacto de Eta y Iota, y peor aún que muchas personas en esas zonas se dedican a la pesca o la agricultura como métodos de supervivencia.
"No sabemos cuáles son los intereses forestales detrás de esta resolución del Gobierno, no sé sus intereses como Estado o como propietarios de empresas. No sé si hay una especie de Albaforestal nueva o si van a permitir a sus allegados sacar madera para vender bajo el argumento de que es madera caída. Hay muchas cosas que podrían pasar", lamentó Ocampo.
Otro temor que tiene, es que esto pueda llevar a "legitimar", las invasiones de tierras indígenas bajo el argumento de aprovechamiento de la madera y con ello agravar la situación de desplazamiento de las comunidades de esas zonas del país.
