La Generalitat de Cataluña ha denunciado ante la Fiscalía un presunto caso de maltratos a un interno del centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) por parte de cuatro funcionarios, y ha apartado a dos de ellos implicados en los hechos, jefes de servicio. Es la prisión en la que cumplen condena los líderes independentistas del «procés».
Según ha informado este viernes la Secretaria de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Consejería de Justicia en un comunicado, se ha abierto una investigación para esclarecer estos hechos, que ha trasladado además a la Fiscalía. Según Prisiones, todos los indicios apuntan a que los dos jefes de servicio autorizaron el registro integral y una inmovilización «injustificada» a cargo de los otros dos implicados en esta actuación que se está ahora investigando, que tuvo lugar el pasado 2 de octubre.
Después de estos hechos, el preso fue trasladado al centro penitenciario de Mas d'Enric y, en el reconocimiento médico preceptivo siguiendo lo que establece el protocolo de Estambul para la prevención de la tortura, el facultativo médico diagnosticó varias fracturas costales y un traumatismo en el tronco. Por indicación de los servicios médicos, el interno ingresó en el Hospital de Terrassa (Barcelona) al día siguiente de los hechos, el 3 de octubre.
A raíz de este incidente, además de poner a disposición de la Fiscalía toda la información, el Servicio de Inspección de la secretaria de Medidas Penales ha abierto también una información reservada para documentar los hechos y proponer las medidas disciplinarias correspondientes. Al margen de posibles consecuencias penales, y como medida cautelar, los dos jefes de servicio que autorizaron el registro y la inmovilización del recluso han sido suspendidos de su puesto de trabajo, para impedir que puedan interferir en la investigación.
La investigación interna que ha abierto Justicia aclarará si, efectivamente, se han producido unas faltas que en este caso serían muy graves y que podrían comportar para los cuatro funcionarios sanciones que van desde la suspensión de funciones por un periodo de hasta seis años, el traslado forzoso o la separación definitiva de del servicio.
