Reventa ilegal de citas para tramitar prestaciones. El alud de solicitudes de ERTE y prestaciones por desempleo provocado por la pandemia de Covid-19, unido a la endémica falta de personal que denuncian los sindicatos, ha llevado a que en demarcaciones como la de Barcelona se esté produciendo un tráfico subterráneo de venta de citas presenciales. Tras las denuncias de los sindicatos, la dirección provincial del Servicio Público de Empleo (SEPE) llevó el caso a la Fiscalía hace dos semanas, algo que ha hecho que la reventa ilegal ya no se haga a la luz pública, si bien la misma, de manera más discreta, no ha cesado, según aseguran a ABC trabajadores del antiguo INEM, que siguen detectando anomalías en el proceso de solicitudes para intentar sortear por la puerta de atrás el colapso de estas oficinas.
«Sigue pasando, pero con más disimulo», precisa Marisa Pérez, delegada de USO en el SEPE y representante del sindicato que denunció los hechos públicamente. Es un secreto a voces en los locutorios más cercanos a oficinas como la del Raval, donde en función de la demanda el precio ha ido oscilando desde los 40 euros a los casi 100. Por el momento, la Fiscalía no ha puesto aún el caso en conocimiento de los Mossos, explican desde la policía catalana a este diario.
A diferencia de Madrid, con un sistema de cita previa cerrada -ahora mismo se convoca a los solicitantes para primeros de marzo, explican los sindicatos-, en Barcelona las mismas se «liberan» a diario, de modo que el cuello de botella se produce en el momento de hacer la solicitud. Las mafias que se aprovechan de ello han visto una grieta en el sistema. Usando los datos de un solicitante real, piden muchas citas con el mismo nombre -por eso se detectó el fraude-, que luego anulan, de modo que saben el momento exacto en el que una solicitud queda libre. Aprovechándose de ello, solicitan entonces cita para otra persona necesitada que previamente ha pagado.
«Mercado negro»
«El fraude ha bajado, pero sigue produciéndose. Lo vemos porque siguen repitiéndose nombres, y muchas citas quedan colgadas», se añade desde USO. Margarita Rico, delegada de CC.OO. en el SEPE, apunta en la misma dirección. Desde la dirección del SEPE en Cataluña se reconoce el fraude y por ello se acudió a la Fiscalía. Hay coincidencia entre la dirección y los representantes sindicales en que se han producido ilegalidades, no en cambio en los motivos que llevan a que personas desesperadas hayan tenido que acudir al «mercado negro» de citas. Los sindicatos lo tienen claro. Hay una falta de personal crónica incapaz de hacer frente al alud de solicitudes. «Solo el esfuerzo titánico del personal, con jornadas maratonianas, ha impedido que el colapso sea mayor», coinciden las representantes sindicales Pérez y Rico. Desde el CSIF se suman a este diagnóstico, precisando que estas carencias son especialmente graves en Barcelona, Madrid y Baleares.
Según datos oficiales, en el pico de la pandemia en Cataluña llegaron a estar cerca de 680.000 trabajadores en ERTE, un volumen al que se ha dado respuesta «para que nadie quede desatendido», se asegura desde la administración. Sí se admiten demoras, pero «es rotundamente falso que no se paguen las prestaciones ni que haya retraso generalizado desde agosto, como se ha podido decir». Los sindicatos no comparten esta visión y hace menos de dos semanas CSIF denunciaba que apenas el 15% de las personas que habían quedado en paro en agosto habían cobrado la prestación en la provincia de Barcelona. Según ha podido saber este diario, ahora mismo las oficinas del SEPE en Barcelona están tramitando expedientes que entraron sobre el 10 de septiembre.
Aumento del 600%
Desde la dirección del SEPE se pone en valor que la plantilla en Barcelona ha pasado de 460 a 700 efectivos, una cantidad que desde USOC se rebaja en un centenar, insuficiente en cualquier caso para asumir el 600% de aumento de carga de trabajo que se ha dado. «Ya veníamos de una reducción acumulada de más del 30% de plantilla en los últimos años, similar a lo que ha pasado en las oficinas de la Seguridad Social», se añade desde CC.OO., donde se denuncia además la i
nexistencia de un convenio de cooperación entre el SEPE y el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat.
La Administración autonómica, muy crítica con el colapso producido, asegura que ha brindado en numerosas ocasiones poner recursos del SOC a su disposición, algo que el Estado rechazó y prefiere que sean una veintena de oficinas del SEPE en provincias con menos carga las que ayuden a las más saturadas de manera telemática. La crítica del Govern llega en todo caso con sordina tras el fiasco total en la tramitación de su ayuda para los autónomos. Con las oficinas colapsadas aquí y allá, nadie puede sacar pecho.
