Una buena parte de las personas que se acercan a la oficina del SEPE en el Raval no tienen cita previa. Saben que no van a poder ser atendidas, pero aún así intentan hablar con la responsable de seguridad que gestiona la entrada al edificio y se esfuerzan en convencerla de que necesitan entrar. Ella se limita a responder sistemáticamente: «Sin cita nadie va a pasar por esta puerta». Nadie consigue su propósito y se terminan marchando, a veces resignados y otras intercambiando gritos con la vigilante.
A Farid, residente del Raval, le informaron de que sería más fácil conseguir cita en una oficina más alejada de su zona, y en pocos días consiguió una en el SEPE de calle Aragón, en el Ensanche. Allí el ambiente es más tranquilo, y bajo el andamio que cubre la fachada del edificio no se acumulan más de seis o siete personas que esperan pacientes a ser llamados. Todos, en general dicen sentirse igual de desamparados por parte de las administraciones; nadie hace distinciones.
Desde la calle, Al Farid observa que más de la mitad de mesas de atención al público en el interior están vacías: «Tal vez, si hubiesen más personas trabajando, tardarían menos tiempo en atendernos», comenta al explicar que ha tenido que probar suerte durante días en más de un centro hasta conseguir su cita previa. Pablo, que ha insistido durante dos semanas para lograr cita para apuntarse al paro, se añade a la conversación para contar que su mujer no ha conseguido que le dieran cita hasta febrero. Ambos llevan semanas sin trabajo y le preocupa no saber cuándo van a empezar a cobrar las ayudas del Estado.
Mientras esperan turno, Pablo y Farid comentan la noticia sobre la venta de citas previas en Barcelona. Todos están al caso. «Es tan difícil conseguir hasta que te cojan el teléfono, que entiendo que haya quien decida terminar pagando dinero para recortar los tiempos de espera» afirma el primero. El segundo es más contundente: «La gente está desesperada, sin cita no vas a recibir ni un solo céntimo».
