Pablo Casado quiere aprovechar el poder territorial que tiene el Partido Popular, con el gobierno de cinco comunidades y 13 capitales de provincia, para plantar cara a las políticas del Gobierno de coalición y tratar de neutralizar el
«sanchismo»
mediante una respuesta coordinada en varios frentes, como los de sanidad, educación, presupuestos, política fiscal y también medio ambiente, en concreto en lo relativo a la caza.
Los gobiernos autonómicos y locales del PP, en coordinación con Génova, buscarán una estrategia común en esas áreas, y en otras que lo requieran, para frenar «las políticas hostiles del Gobierno al desarrollo de España» y tratar de aplicar en sus territorios el programa «liberal» de su partido, según explican fuentes populares. Lo harán con un desarrollo legal de sus competencias, hasta que la normativa general se lo permita. El PP quiere aprovechar la descentralización del Estado autonómico para liberar al máximo a sus regiones y ayuntamientos de las políticas del Gobierno de Sánchez e Iglesias. «Queremos ser el contrapeso territorial a las políticas sanchistas», avisan.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, junto al vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, coordinan ese frente territorial de los populares. El lunes mantuvieron la primera reunión con los consejeros de Presidencia y los vicepresidentes de las comunidades donde gobiernan los populares. Está previsto que haya grupos de trabajo con consejeros y alcaldes para coordinar la unidad de criterio y de acción en todos los frentes.
Proyectos comunes
Los populares fijarán objetivos presupuestarios comunes y propondrán proyectos económicos para impulsarlos de manera conjunta. Así, ante la futura recepción de los fondos europeos, de los que el 54,6 por ciento corresponderán a las autonomías, las comunidades del PP quieren presentar planes comunes, basados «en políticas liberales de reactivación económica». Es decir, nada ver que ver con el famoso Plan E de Zapatero, por ejemplo.
En el terreno educativo, Génova pilotará, junto a los consejeros autonómicos, un modelo común que se defenderá en cada región, dentro del respeto a la singularidad de las autonomías. El objetivo compartido en todo caso es blindar la defensa del castellano y la libertad educativa, frente a los efectos de la «ley Celaá». Los gobiernos regionales del PP actuarán con proyectos de ley o con decretos para «desmontar» la nueva ley educativa, como informó ABC, pero esperarán a que se apruebe definitivamente la ley del Gobierno para pasar al contraataque.
Descafeinar la «ley Celaá»
Fuentes populares creen que si desvelan sus cartas antes, la mayoría que sostiene el Gobierno de Sánchez e Iglesias pueden dificultar con algún cambio legal que el desarrollo normativo por parte de las comunidades deje descafeinada la ley de Educación.
En Sanidad, la coordinadora de Génova con las regiones es la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor. Los populares hacen una evaluación de la situación del Covid-19 en los distintos territorios y fijan una respuesta ante las decisiones del Gobierno. Sobre las medidas para la Navidad, el PP reclama que solo se tomen por criterios científicos y técnicos, y que cualquier decisión se adopte en coordinación con las comunidades autónomas. «Queremos legislar con sentido común para que prime la salud, pero sin hundir la economía», subrayaron.
Otro de los frentes en los que las comunidades y ayuntamientos del PP quieren actuar de forma coordinada, como bloque político, es el de medio ambiente. De entrada, los populares están muy pendientes del 5 de diciembre, fecha en que acaba la moratoria de caza en los parques nacionales, abierta desde 2014. El PP quiere una prórroga hasta el año 2023. Además, sus comunidades y ayuntamientos afectados defenderán la movilidad interautonómica en estos tiempos de restricciones para poder cazar en otros territorios y evitar la superpoblación de determinadas especies. Un asunto que es vital para un alto porcentaje de municipios de comunidades como Castilla y León.
«Vamos a unificar el mensaje y la acción política para hacer frente a la política liberticida de Pedro Sánchez», advirtieron ayer fuentes de la dirección nacional del PP.
