La formación 'naranja' se une a PP y CC para derribar las cuentas en votaciones decisivas, mientras que ERC, Bildu y PDeCAT se abstienen
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha superado la primera ronda de votaciones a sus secciones en la Comisión de Presupuestos Generales del Estado de 2021 con los votos del PSOE, Unidas Podemos y el PNV, y el voto en contra de Ciudadanos.
De esta forma, la formación 'naranja' ha votado junto a PP y Coalición Canaria para tratar de derribar el proyecto, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu y el PDeCAT se han abstenido.
En todo caso, las formaciones que respaldan al Gobierno han superado sin apuros gracias a la ausencia de Vox, ya que al no votar sus 5 representantes se facilitaba que los 18 votos con los que cuenta la coalición sumaran mayoría en todas las votaciones de la Comisión, donde votan 37 representantes.
La ronda de votaciones, que ha comenzado sobre las 21.25 horas del martes no ha concluido hasta las 00.50 horas del miércoles. En esta primera ronda, la Comisión de Presupuestos ha aprobado ya el articulado de la ley y sus primeras secciones, incluyendo las dirigidas a los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Hacienda, Interior y las dirigidas a la Casa Real, el Tribunal Constitucional, Cortes Generales y el Poder Judicial.
PACTA UNA VEINTENA DE ENMIENDAS CON SOCIOS PRESUPUESTARIOS
En esta fase, las formaciones de Gobierno han pactado enmiendas con ERC, el PNV, Más País-Equo, Compromís y Ciudadanos, aunque en este último caso la formación 'naranja' ha pactado su enmienda, referida al impulso de la tarjeta sanitaria única sólamente con el PSOE.
Las del PNV forman parte de una segunda tanda de acuerdos que incluyen la venta de los cuarteles de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián, y modificaciones legales para incentivar la participación empresarial en centros tecnológicos y el impulso a la energía eólica marina.
Con Esquerra, el Gobierno ha acordado dirigir 4 millones a la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y aumentar en 2,5 millones la subvención a Salvamento Marítimo mientras que el PDeCAT ha pactado avanzar en transferencias de servicios de ferrocarril a Cataluña y modificar la Ley de Universidades para permitir a las universidades públicas no presenciales contar con la modalidad de profesor asociado.
UN PROYECTO PILOTO DE RECICLAJE Y ASAMBLEAS CLIMÁTICAS
Más País-Equo también ha acordado dos enmiendas de inversión territorial, y otra para extender a otros organismos de investigación, no sólo los de la Administración del Estado la tasa de reposición prevista para los sectores prioritarios, del 110%, así como a cualquier personal investigador, y no sólamente doctores.
De Más País también se han incorporado otras dos enmiendas, una para un proyecto piloto para recuperar residuos procedentes de la minería y de productos eléctricos y electrónicos, y para impulsar asambleas ciudadanas contra el cambio climático en los diferentes niveles de la Administración.
Compromís también ha pactado cuatro enmiendas, dos en inversiones culturales y otras dos en materia de infraestructuras, con 65 millones hasta 2024 para la conexión ferroviaria del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.
TRAS CASI 300 VETOS DEL GOBIERNO, CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
En esta fase, el Gobierno ha comunicado a la Comisión el veto de unas 292 enmiendas --260 enmiendas por aumento de gasto y otras 32 por aminoración de ingresos-- haciendo valer esta prerrogativa recogida en la Constitución, advirtiendo de la posibilidad de remitir nuevos vetos a la Cámara.
Posteriormente, la presidenta de la Comisión, Pilar Garrido (Unidas Podemos), ha informado de que el Gobierno había comunicado su reconsideración sobre una decena de enmiendas que finalmente sí que continúan su tramitación. Sin embargo, con esta fórmula ha evitado la votación de enmiendas que buscaban la supresión de subida de impuestos --o rebajas fiscales-- y aumento del gasto con nuevos fondos.
Así, la oposición, incluidos socios con los que el Ejecutivo de coalición busca sacar adelante sus cuentas, no ha escatimado críticas a este veto, recordando además que tanto PSOE como Unidas Podemos cargaron contra esta fórmula cuando era el PP el que estaba en el Gobierno.
"Es la misma artimaña que criticaban", ha recordado Joan Capdevila, de Esquerra, mientras que Ana Oramas (CC), les calificaba de "cobardes". "Esto siempre se ha votado y debatido en la Comisión. Son unos cobardes, den la cara", ha espetado. Eloy Suárez Lamata, del PP, ha criticado cómo diputados del PSOE y Unidas Podemos hace años criticaba este tipo de vetos como "fraude de derecho" o "golpe de Estado", e incluso amenazaban con llegar al Tribunal Constitucional.
PSOE Y PODEMOS SALVAN 20 ENMIENDAS DEL CRITERIO DE LOS LETRADOS
Por otro lado, las formaciones del Gobierno han votado en contra del criterio de los letrados para salvaguardar la tramitación de veinte enmiendas que los servicios jurídicos de la Cámara habían señalado en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, por no guardar "conexión directa con los ingresos y gastos públicos".
Y es que, según señalan, el Tribunal Constitucional ha establecido límites acerca del "contenido admisible" en las leyes presupuestarias, de modo que estos "han de circunscribirse a la aprobación de ingresos y gastos y a la regulación de materias que guarden directa relación con dichos ingresos y gastos, o contribuyan a hacer efectiva la política económica del Gobierno".
"En caso de que no se respete ese criterio, se podrá entender que la ley entra en contradicción con la citada jurisprudencia", aseveran. En este informe, señalan que las Cortes Generales "en materia presupuestaria tienen limitaciones que no se aplican a la aprobación del resto de leyes" en lo referido a "sus facultades de examen y enmienda".
En total, los letrados de la Comisión de Presupuestos han detectado hasta 20 enmiendas, de varios grupos (PP, ERC, Cs, EH-Bildu, Más País o Teruel Existe), entre ellas la famosa enmienda antidesahucios presentada por Unidas Podemos junto con ERC y Bildu para ampliar la prohibición de desahuciar a más supuestos de vulnerabilidad y ampliarla hasta diciembre de 2022.
