El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado enviar a juicio al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otras cinco personas, entre las que se encuentra el comisario Andrés Gómez Gordo, por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación por irregularidades en los contratos del fallido Campus de la Justicia de Madrid (CJM).
En un auto con el que pone fin a la investigación de los hechos, el juez propone juzgar además al director general Técnico, Isabelino Baños Fernández; su subdirector Mariano José Sanz Piñar y al director financiero Alicio de las Heras Rodríguez, mientras archiva la causa para María Lourdes Manovel y Paloma Mateo Martín.
A lo largo de 253 páginas, el magistrado explica que los investigados, liderados por Alfredo Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, «se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo». En cuanto a Gómez Gordo, era el jefe de Seguridad de lo que iba a ser el Campus, pero cobró una importante indemnización cuando se frustró la iniciativa y se rescindió su contrato.
Las alertan saltaron con un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid que arrojó irregularidades en los contratos para la construcción de este espacio que iba a servir de cuartel general de los tribunales en la capital y del que sólo llegó a levantarse un edificio emblemático por su forma circular situado, casi literalmente, en la nada. Son los terrenos donde ahora Madrid levanta su hospital para pandemias y el «donut» de cristal será del Anatómico Forense.
De la Mata concluye que Prada y los directivos investigados «corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos».
«En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)», expone el instructor.
