SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
El PP de Andalucía ha solicitado siete años de cárcel y 15 años de inhabilitación especial para el ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la misma pena para el exalcalde socialista de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García, después de ser ambos procesados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación derivados de la contratación "injusta y arbitraria" del citado ex primer edil en la Faffe.
Recientemente, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ordenaba continuar como procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, mediante un auto en el relataba que después de que Torres perdiese la Alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003 tras 24 años en el poder, habría solicitado al entonces director general técnico de la Faffe, --que además de esta causa judicial afronta otra por presuntos pagos en locales de alterne con tarjetas bancarias de la entidad pública--, su "colocación en la Faffe", a lo que Villén "accedió promoviendo en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad, que diera satisfacción a las condiciones de contratación indefinida y salario solicitadas" por el exalcalde.
Todo ello, pese a que Torres García "carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional" de directivo, según el juez.
Así, y según el juez instructor, el exalcalde de Lebrija "fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffehasta la extinción de ésta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".
CONTRATACIÓN "INJUSTA Y ARBITRARIA"
La contratación, según el juez instructor, se produjo, "sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar", es decir "de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse; de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa".
A ello se suma, según precisa el juez en el auto, que el organigrama administrativo de la Faffe "no contemplaba puesto directivo alguno al que pudiera acceder" el exalcalde investigado, por lo que el otro encausado "vino a crear uno 'ad hoc' que denominó Dirección de Relaciones Externas", un departamento que "era en realidad inexistente, de modo que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito".
De hecho, el juez avisa de que el exalcalde "ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno, llegando a percibir 491.203,03 euros hasta 2020, "sin que conste que trabajara realmente, disfrutando además de los beneficios de un alta ficticia en la Seguridad Social, y a la postre integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo tras la extinción de la Faffe, sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política con Villén Rueda".
ERA "UNA PERSONA DE PESO EN EL PSOE ANDALUZ"
En ese sentido, el escrito de acusación del PP andaluz, recogido por Europa Press se adhiere en líneas generales a este relato de los hechos, señalando que el exalcalde de Lebrija era "una persona de peso en el PSOE" de Andalucía y fue agraciado con una "contratación ilegal" como personal laboral de dicha entidad de la Administración andaluza.
El exalcalde socialista de Lebrija, según el PP andaluz, "ocupó un puesto de trabajo de nivel superior, inexistente en la organización de la Faffe, sin un cometido concreto y, en definitiva, sin desempeñar una labor real, con la aceptación y beneplácito de Fernando Villén Rueda, lo que habría permitido al Torres García percibir los emolumentos, prestaciones y salarios por importe total de 491.203 euros, sin que conste que trabajara realmente".
Ante ello, el PP andaluz aprecia un presunto delito de prevaricación administrativa continuada en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, reclamando para cada uno de los acusados penas de siete años de prisión y 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
