El sector del ocio nocturno en Galicia, al menos una parte, ha decidido entrar en una espiral judicial, a pesar del acuerdo promovido por la Xunta para diseñar un protocolo de reactivación, que refleja su negativa a asumir el cierre de estos negocios, imperante en toda España tras el acuerdo Gobierno-autonomías para tratar de frenar el repunte de casos de coronavirus. Este viernes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó la denegación de la medida cautelar que había solicitado la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de La Coruña, en su pugna por tumbar las restricciones que la Consellería de Sanidade implementó el 7 de agosto.
Los hosteleros, recordaron fuentes del Tribunal, pedían al TSXG que «se suspendiese la aplicación de las disposiciones que ordenan el cierre de los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno, y que fijaban como hora máxima de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración las 00:30 horas». Sin embargo, se topan con la negativa del TSXG, que ordena que «se mantenga la ejecutividad de las medidas preventivas cuestionadas». Con una salvedad: la hora de cierre, que la propia Xunta amplió el 15 de agosto hasta la una de la madrugada.
El Superior destaca que «deben ser ratificadas» las medidas preventivas de cierre que afectan al ocio nocturno, así como las limitaciones de horario, «por las razones ya expuestas en el auto de 13 de agosto», entre las que destaca «la indudable preponderancia del interés general en la protección de la salud pública».
Contencioso
Un revés judicial que coincidió en el tiempo con el anuncio de una nueva carga en el mismo frente, en este caso bajo la batuta de la Asociación Hostalaría Compostela y la Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Santiago, que ayer mismo presentaron en el TSXG un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Xunta del 15 de agosto. Ambas entidades, según se explica en un comunicado, «solicitan la suspensión inmediata» de los límites de clientes, la reducción horaria y la clausura del ocio nocturno.
«Estamos ante una normativa que criminaliza licencias y no actividades, discrimina al ocio nocturno y no atiende a criterios sanitarios», cargaron ayer ambos colectivos en rueda de prensa. Explicaron que su demanda se basa en el «carácter general e intemporal» de la norma, la «vulneración de los derechos adquiridos» por los hosteleros y la «desproporcionalidad» de las medidas, que no sigue un criterio «asimétrico» como sí se aplicó en la desescalada tras el estado de alarma.
Asimismo, afirman que no hay un «informe técnico-sanitario» que vincule el repunte de casos con su actividad y, si bien conceden que es necesario adoptar medidas, insisten en rechazar lo que juzgan «criminalización» de sus negocios; o situar a la hostelería como «principal responsable» de los rebrotes. Remitirán su recurso a los diversos grupos parlamentarios gallegos.
