El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha demandado este miércoles que el Gobierno establezca un criterio técnico y común a todas las comunidades para que puedan solicitar el estado de alarma a nivel autonómico...
Durante la presentación de una serie de medidas de prevención de contagios de covid-19 en el ámbito educativo en un instituto del municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, Mañueco ha considerado que este ofrecimiento de Sánchez era más una "estrategia para no asumir sus responsabilidades" que una medida que pueda resultar eficaz para las autonomías.
Mañueco ha pedido al Gobierno central que fije "criterios objetivos" para atender la demanda de la declaración del estado de alarma por parte de los ejecutivos autonómicos, para "evitar confusiones e incertidumbre" entre los ciudadanos de cada territorio y que todas las administraciones tengan "las mismas armas" para combatir la pandemia.
Aunque ha asegurado que a su gobierno no le "temblará el pulso" a la hora de tomar decisiones para asegurar la seguridad de los ciudadanos, en referencia a esta solicitud del estado de alarma autonómico que ya anunció la pasada semana el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, Mañueco ha remarcado que la demanda al Ejecutivo central es la dotación de una "herramienta legal intermedia" que permita a las autonomías ordenar confinamientos puntuales de una forma "ágil".
En este sentido, Mañueco ha reconocido que el actual procedimiento que ha completado la Junta para ordenar aislamiento de varios municipios de la Comunidad, con la preceptiva autorización judicial previa, es "demasiado lento", por lo que ha demandado una modificación de la legislación ordinaria.
El presidente autonómico ha asegurado que existe un punto intermedio entre la "excepcional" figura del estado de alarma y la actual situación, complicada por los trámites que tienen que dirimir con los juzgados que deciden en última instancia sobre los confinamientos.
Mañueco ha considerado que la responsabilidad de promover esta modificación de la legislación es del Gobierno, al que ha demandado un "mayor trabajo de coordinación".
