Los autónomos españoles tienen una difícil reválida el próximo mes de septiembre. Si la primera ola del Covid-19 se llevó por delante 135.000 empleos generados alrededor del trabajo por cuenta propia, esta segunda ola del virus podría suponer el cierre de casi 300.000 negocios que actualmente mantienen el alta en la Seguridad Social, a la espera de que la retirada progresiva de la de fina red - «escudo social», lo denomina el vicepresidente segundo del Gobierno - que les sostiene supone el final definitivo de su actividad.
Como denunciaba ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones a ABC, «entre mayo y junio se han reactivado el 92% de los autónomos, aunque
el 8% restante, unos 280.000, no han reabierto a pesar de que siguen de alta en la Seguridad Social». Amor lo achaca a la existencia de ayudas como las diferentes versiones del cese de actividad (el extraordinario nacido durante el estado de alarma, el pactado en julio entre las asociaciones de autónomos y el Gobierno, así como el ordinario) o los ERTE, con exenciones del 100% y el 50% en la cotización a la Seguridad Social en julio y agosto, respectivamente. «Están esperando a que la cosa mejore», añade el máximo responsable de la asociación mayoritaria entre los autónomos. Desde ATA estiman que el 60% no volverán a abrir.
Los 280.000 autónomos que se estiman que están en este limbo, y que tendrán que hacer frente al 75% de la cuota a la Seguridad Social el mes próximo, se encuentran en sectores como la hostelería -especialmente en zonas turísticas como Baleares o Canarias- comercio, educación, así como en actividades artísticas y recreativas. Estos autónomos regentaban un bar en un centro de mayores o en instalaciones deportivas, algún comercio en una estación de tren o estaban vinculados a las academias, centros de enseñanza especial y al mundo de la música o al espectáculo.
La Administración está de vacaciones
Amor critica que «la Administración está de vacaciones en materia económica», lo que contrasta con la rapidez con que se aprobó el primer paquete económico tras la activacion del estado de alarma en marzo y avisa que «este momento extraordinario requiere medidas extraordinarias». Si no, las estimaciones de ATA perfilan un horizonte muy negro: la pérdida de 800.000 puestos de trabajo a cierre de 2020. Pero, ¿cuáles son las «medidas extraordinarias»que piden desde el colectivo de autónomos?La primera es que puedan acogerse a la prestación extraordinaria por cese de actividad, todos aquellos que se vean afectados por las restricciones sanitarias, impuestas desde los ámbitos estatal, autonómico y local. Por ejemplo, los 40.000 autónomos vinculados al ocio nocturno.
En concreto, el presidente de ATA critica que la prestación por cese de actividad acordada en julio tenga letra pequeña y excluya de la misma a los beneficiarios de la tarifa plana y la pluriactividad (aquellos que trabajan algunas horas por cuenta ajena). «El Gobierno no fue lo suficientemente claro con nosotros», apunta.
De igual manera, un estudio publicado esta semana ponía sobre la mesa el pánico de este colectivo a un posible segundo confinamiento: Más del 70% de los encuestados aseguraban que una segunda reclusión les llevaría a cerrar definitivamente o despedir.
Juan Carlos Nieto - ABC
«Te sale mejor estar cerrado que abierto», afirma Juan Carlos Nieto, copropietario de Happy Play
Para este ingeniero en telecomunicaciones, de 44 años, la crisis del Covid le ha colocado en una encrucijada, tras cuatro meses cerrado: la de asegurar los 800 euros, que le garantiza la prestación por cese de actividad aprobada en julio, o mantener abierto su parque de ocio infantil (Happy Play). Todo ello, tras facturar entre un 5 y 10%de lo habitual:en julio ingresó 4.000 euros. Solo el alquiler del local (2.500 metros cuadrados) son 9.000 euros mensuales. Incluso está buscando un trabajo por cuenta ajena, para mantener a sus cuatro hijos. «Te sale mejor estar cerrado que abierto, por las condiciones impuestas al cese de actividad, ya que a la mínima puedes perder el subsidio», apunta este autónomo quien pone como ejemplo el caso de su mujer. Le fue denegada esta ayuda en verano, por estar trabajando unas horas en una residencia de ancianos. «Parece que buscarse la vida va en contra de las políticas de este Gobierno», lamenta.
Otro quebradero de cabeza para Nieto es el ERTE en el que están sus siete empleados, dos de ellos solo parcialmente, aunque ahora todo dependerá del regreso al cole. «Nuestro sector se lo ha jugado todo a una moneda en el aire», sentencia.
