El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha roto su silencio sobre la imputación de su partido por una presunta «caja B» y ha defendido a la formación de lo que ha definido como «acusaciones sin fundamento» y «juicio mediático» para evitar que el debate se centre en la Monarquía o en los fondos de reconstrucción europeos. «Los cambios y el progreso no se producen sin la resistencia de los viejos poderes», ha afirmado en Twitter.
En varios mensajes publicados en esa red social, el líder de la formación morada ha asegurado que, ante unas informaciones que «siembran dudas sobre la financiación de Podemos y la honestidad de sus dirigentes», el partido está «a disposición de las autoridades judiciales».
Tras indicar varios casos judiciales contra su partido que han sido archivados, Iglesias ha dicho que ahora «se usan términos como "caja B" o "sobresueldos" para asemejarnos a la corrupción del PP e instalar que "todos son iguales"». «El daño que hacen horas y horas de tertulias, portadas escandalosas y telediarios no lo repara el archivo sistemático de los procedimientos. El juicio mediático, a la hora de instalar relatos, pesa siempre más que el final de los procedimientos judiciales», ha añadido.
Prioriza el debate sobre la Monarquía
Para Iglesias, este caso judicial surge como respuesta de aquellos que no están «muy interesados» en que no se hable «del debate social sobre la Monarquía o sobre cómo emplear los fondos europeos para la reconstrucción». «No les vamos a dar ese gusto», ha advertido antes de subrayar que van a «seguir trabajando para defender el interés general».
En este sentido, el vicepresidente del Gobierno ha insistido en la defensa de una agenda republicana desde el Ejecutivo que se ve amenazada por «los viejos poderes»: «Defender la justicia social y un horizonte republicano como parte del Gobierno tiene y tendrá costes. Los cambios y el progreso no se producen sin la resistencia de los viejos poderes».
Sobresueldos
Lo que la causa por malversación y apropiación indebida abierta por el Juzgado de Instrucción número 42 pretende dilucidar es si algunos cargos de Podemos recibieron sobresueldos no justificados. Según le dijo al juez José Manuel Calvente, el abogado expulsado del partido, se trataría de ingresos de «una media de 300 euros mensuales, bajo el concepto de "desplazamientos"» y que sortearían el código ético de la formación, que impide que sus cargos cobren más de tres veces el salario mínimo interprofesional.
Los excedentes deben donarse a la Caja de Solidaridad del partido, de la que Iglesias ha sacado pecho en sus tuits: «Estamos orgullosos como fuerza política de tener una Caja de Solidaridad con las donaciones que hacemos todos los cargos públicos de Podemos de parte de nuestro sueldo y que se usa para apoyar a colectivos sociales».
También se investigan la adjudicación de las obras de la nueva sede del partido, que según el letrado fue «a dedo y la licitación una farsa».
