Se trata de una alemana de 54 años que vive en Schwaz, en el Tirol austríaco. Tras dar positivo en un test, recibió la notificación oficial que le exigía confinarse en su casa. En Austria, como en Alemania, cuarentena significa no salir de casa, ni siquiera para comprar alimentos o medicinas. Pero la policía, en una visita de control, no la encontró en su domicilio.
Así empezó la investigación que estableció que había ido al supermercado y que había utilizado el ascensor de su edificio. Ella alegó que no podía permitirse las compras online y el reparto a domicilio, pero dado que recibe una pensión de 2.100 euros mensuales el juez no escuchó su argumento y la envió a pasar un día en prisión. De vuelta en casa para retomar la cuarentena, abandonó de nuevo el domicilio para bajar al parque, donde se lesionó, y en lugar de llamar a la policía, como establece el protocolo, se fue en taxi a un hospital. El tribunal de distrito de Innsbruck la ha condenado a una multa de 10.800 euros por reincidencia y ha recibido una amonestación que terminará en privación de libertad si repite este comportamiento.
Tanto las autoridades alemanas como las austriacas insisten en la necesidad de cumplir con las normas de seguridad sanitaria, que a menudo dependen de la responsabilidad individual, puesto que para las fuerzas del orden resulta prácticamente imposible vigilar a una población entera.
Especialmente en Alemania, causa preocupación el comportamiento de los viajeros que llegan a los aeropuertos y que no cumplen con el test obligatorio cuando se procede de zonas de riesgo, que rige desde el 8 de agosto. «Quienes regresan de las vacaciones con una infección se están convirtiendo en nuestro problema número uno. Por esta razón, los controles de los viajeros que regresan en los aeropuertos deben funcionar de manera confiable. No debería ser posible eludir conscientemente las pruebas, especialmente cuando se llega desde áreas de riesgo», dice el experto en interiores de la CDU Armin Schuster, que está de acuerdo en que se impongan sanciones a quienes no respetan esta ordenanza.
El experto en tráfico aéreo de la CDU en el Parlamento Europeo Sven Schulze, recuerda que «las pruebas deben llevarse a cabo entre el puente de desembarque de pasajeros y el edificio de la terminal. En ese espacio los agentes de policía deben vigilar la ejecución precisa de los controles».
La escalada de infecciones, tanto en Austria como en Alemania, impulsa a las autoridades a elevar las sanciones. En las últimas 24 horas, la cifra de nuevos casos ha marcado en Alemania su valor máximo de los últimos 105 días, con 1.449 infectados, según los más recientes datos del Instituto Robert Koch (RKI). Es el mayor número de casos diarios desde el 1 de mayo, aunque lejos todavía de los 6.000 casos diarios registrados en abril.
El número total de infectados se eleva hasta los 221.413, aunque la cifra de fallecidos permanece anclada en los 9.225, con 14 defunciones en las últimas 24 horas. En este momento hay unos 12.000 casos activos comprobados en el país. En la capital, Berlín, hay 14 pacientes de coronavirus en unidades UCI. El dato de referencia para el gobierno alemán, sin embargo, es la tasa de reproducción diaria, que se sitúa en el 0,91. El valor promedio de los últimos siete días es de 1,06, a la espera de los resultados bávaros, cuyo retraso ha causado un gran escándalo.
De los 85.000 test realizados en este Land del sur de Alemania, 44.000 han estado esperando el resultado durante una semana, cuando el plazo establecido es de 48 horas. Entre ellos, calculados de forma estadística, hay unos 900 positivos. El presidente de Baviera, Markus Söder, ha suspendido una visita al norte de Alemania para ocuparse del asunto personalmente y la ministra regional de Sanidad ha presentado su dimisión. Baviera fue uno de los primeros Bundesländer alemanes en establecer test gratuitos a todos los viajeros al regreso de sus vacaciones. Las pruebas se realizan tanto en aeropuertos como en estaciones de tren y autopistas, y parece evidente que el trabajo de laboratorio se ha visto desbordado en un momento clave en que los alumnos vuelven a los colegios y resulta imprescindible que lo hagan con garantías.
«En este contexto, las multas no deben entenderse como una coerción, sino como una medida de seguridad», explica un portavoz del Ministerio de Sanidad, «los ciudadanos deben entender que no pueden tomarse la pandemia a la ligera, por el bien de todos».
