La causa por malversación y apropiación indebida abierta por el Juzgado de Instrucción número 42 en la que Podemos está investigado como persona jurídica tiene tantas aristas como frentes ha abierto el denunciante, el abogado expulsado del partido José Manuel Calvente.
Uno de los asuntos en el punto de mira del juez son los sobresueldos que, de acuerdo con el letrado, se aplicaron algunos cargos de la formación sin justificación ni control alguno y vulnerando todos los códigos del partido. El primero, el ético. Si ha habido una bandera en Podemos es la de preservar un nivel de vida acorde con el de la ciudadanía de a pie: todos deben donar las cantidades que perciban por encima de tres veces el salario mínimo interprofesional a una caja de solidaridad que revierte en obras sociales.
Sin embargo, lo que Calvente ha trasladado al juez y éste va a verificar recabando nóminas, tablas salariales, recibos y documentación del partido, es que había quienes vulneraban estas normas y permitían a otros a hacerlo desde sus puestos de responsabilidad. La clave en este caso es si más allá de la ruptura de la normativa interna hubo un ilícito penal. Calvente centra el tiro en Daniel de Frutos, que desde 2017 era responsable de Finanzas y Transparencia y Rocío Val, la gerente desde enero de 2019.
La denuncia señala que el mecanismo de los supuestos sobresueldos era doble. Por un lado, la aplicación de complementos salariales que no estaban previstos en la normativa del partido; es decir, no existían. Por otro, el reintegro de gastos corrientes adelantados al trabajador y en los que se habrían producido abusos.
Las alarmas saltaron con el comentario y entrega a Carmona de unos documentos sin sello del partido que arrojaban sospechas sobre gastos cobrados por duplicado o injustificados. Era octubre de 2019. Tras cotejar la autenticidad de los papeles con el sistema que en Podemos procesa los recibos y comprobar que el grueso eran conforme a la normativa, dos llamaron la atención: la gerente y el tesorero.
Desde Cumplimiento Normativo se decidió revisar también las nóminas, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, y de nuevo las mismas personas volvieron a llamar la atención. La denuncia detalla que De Frutos y Val «se aplicaron un complemento de coordinación por importe de 210,32 euros y un complemento de coordinación ejecutiva por importe de 400,00 euros mensuales, que suman una subida salarial mensual de 610,32 euros» cuando los prespuestos de aquel año no se habían aprobado. También consta la abogada Marta Flor, la misma que denunciaría a Calvente por acoso, con un complemento previsto para un nivel orgánico que no ostentaba.
Sobre los gastos, lo que apunta Calvente al juez es «una media de 300 euros mensuales, bajo el concepto de 'desplazamientos'» cuando sólo están previstos los que sean por motivo de trabajo, lo que constituiría, según denuncia, un cobro en especie no tributado.
Las obras en la sede
Pero el juez también ha puesto el acento en otro foco de la denuncia del letrado y es la licitación de las obras de la nueva sede de Podemos. El partido llevaba tiempo renovando bimensualmente el alquiler de su cuartel general de la calle Princesa porque, según las fuentes consultadas, el edificio al que había escogido mudarse tenía un expediente pendiente para poder conseguir la licencia.
Cuando el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde, la cuestión devino acuciante. Se licitó un procedimiento por la vía de urgencia, según detalla Podemos en uno de sus escritos al juez, porque fue la alternativa que Calvente propuso. Según un vídeo publicado en Okdiario, las obras habían empezado antes de que acabara el plazo. El letrado sostiene que la adjudicación fue «a dedo y la licitación una farsa», sobre todo porque «el precio de adjudicación ascendía a 1.361.055 euros, cuando el precio de licitación publicado era de 649.936,68 euros». Se investiga si el desvío estuvo o no justificado.
Al frente de Compras y Servicios estaba en ese momento de facto, según Calvente, Andrea Deodato, citada como investigada y a la que el denunciante describe como «una mera administrativa a las órdenes» de Val, que había «apartado» a su predecesora.
Pero además, el juez, que ha pedido tanto la licitación como el contrato, ha citado como testigo al arquitecto y a los representantes legales de las mercantiles Rozas-Castilla S.L., Euroal S.L.U., Enviroline S.L., Hispan Clima S.L, Drin Seguridad S.L. y Bosa Montaje y Ascensores S.L., proveedoras de los distintos servicios que incluía la remodelación completa del edificio.
Podemos, en el recurso de apelación en el que pide a la Audiencia Nacional que anule todas estas diligencias, no entra a rebatir los pormenores de la adjudicación, pero advierte de que «desde el departamento de gerencia se le venía requiriendo (a Calvente) desde hacía semanas, y más intensamente el mismo día 20 de mayo, fecha de inicio de la licitación, para aportar la documentación necesaria, respondiendo que no había tenido tiempo para preparar nada». Inciden en que fue «él mismo el que preparó toda la documentación validando legalmente todo el proceso».
Neurona "es humo"
Hay otro asunto en el que hace hincapié el juez y que es quizá el más complicado para Podemos y es la contratación de los servicios de consultoría para la campaña de 2019 de la empresa Neurona.
En la comparecencia de Calvente ante el juez para ratificar su denuncia, difundida ayer en parte por La Sexta, el instructor Juan José Escalonilla pregunta varias veces por este asunto y el letrado es categórico. En su opinión, los servicios que prestaba eran «humo» . Trabajadores del partido le avisaron de que hacían trabajos que se apuntaban a esa consultora. «Te dicen, 'oye, yo estoy haciendo cosas para Podemos y resulta que las están facturando para Neurona'. Está facturando un servicio ficticio», contestó a preguntas de Escalonilla.
La sociedad se había registrado en España en marzo de 2019 y según Calvente para entonces ya había visto un borrador de contrato con fecha de febrero e importe de 363.000 euros. Podemos habla de posible error e incide en que, en todo caso, era eso, un borrador.
El problema es que el Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades:
la formación intentó repercutir como gastos subvencionables varios contratos de asesoramiento y consultoría. El juez instructor ha citado como imputado al que era administrador de la empresa en 2019, Elías Castejón, y a su intermediario con Podemos. Entonces se conocerá el alcance del asunto.
