Presidencia ha tardado siete meses en contestar una solicitud realizada por ABC a través del Portal de Transparencia sobre el coste del cónclave ministerial organizado por el Gobierno en febrero en Quintos de Mora (Toledo).
Costó 2.115 euros, pero el plazo de respuesta, aún con el estado de alarma de por medio, burla el margen establecido por la ley de Transparencia para dar estos datos y vuelve a poner de manifiesto una estrategia cada vez más empleada por Moncloa: el silencio administrativo para dar carpetazo a ciertas peticiones de información elevadas a través de los mecanismos de transparencia.
La solicitud de información se formuló el día 8 de febrero, coincidiendo con el inicio del encuentro, que se alargó durante ese fin de semana y con el que el líder del Ejecutivo pretendía estrechar lazos y sentar las bases políticas de su proyecto político. No obstante, el 12 de febrero, como consta en la documentación, se registró la petición en la secretaría general de Presidencia, el gabinete encargado de resolverla.
A partir de entonces, el gabinete disponía de un mes para dar respuesta según la ley. O dos en caso de solicitar una prórroga para reunir la información, algo que no ocurrió. Si vencido ese margen imperaba el silencio administrativo, la norma dice que se puede dar por respondida negativamente la solicitud.
Un mes después de su registro, llegó el estado de alarma, que suspendió los plazos administrativos hasta el 21 de junio. Aquel día, el contador volvió a correr. El Gobierno ya había superado, sin embargo, el plazo máximo para dar una respuesta. Más de un mes después, a principios de este mes de agosto, Presidencia notificó el inicio de la tramitación del expediente -ya van dos meses y medio de retraso obviando el parón administrativo- y unas horas después, el 6 de agosto, Moncloa envió una respuesta que, a tenor del escaso lapso de tiempo de esta última fase, no parecía muy difícil de encontrar.
A medias
En su contestación, el Gobierno excluye, como es lógico, al personal de seguridad y matiza que los gastos especificados responden al coste de manutención y locomoción de los 22 miembros del Gobierno. No obstante, como se pudo comprobar en los vídeos de aquel encuentro, no sólo acudieron ministros, sino también personal de sus respectivos equipos. Este sería el caso de Iván Redondo, director del gabinete del presidente, o del recientemente imputado Juanma Del Olmo, mano derecha del vicepresidente segundo Pablo Iglesias en Podemos. Los costes que acarreó este personal, pese a que ABC los solicitó expresamente, no se incluyen en la respuesta de Presidencia, que tampoco expone ninguna razón para no facilitarlo.
