Provocada por diversos factores históricos, la legendaria violencia colombiana tiene a uno de sus componentes de frente a la opinión pública. El paramilitarismo exhibe sus garras en el proceso judicial al exmandatario
COLOMBIA queda dividida en dos. Así dicen los comentarios más apegados a la derecha luego de que, este martes, la Corte Suprema de Justicia tomara una decisión inédita tratándose de un exjefe de Estado: Álvaro Uribe, punta de lanza contra los acuerdos de paz, defensor de las soluciones militares, «abrepuertas» del territorio nacional a los militares de EE. UU. y mentor que catapultó la llegada a la presidencia de Iván Duque, ha sido condenado a prisión preventiva en su casa, desde donde tendrá derecho a la defensa.
Dicho así, la medida parece nada y sin embargo, representa mucho. Al llegar a tal dictamen de manera unánime, la Corte certifica que no tiene dudas —ni ha dejado alguna— acerca de que hay motivos para juzgar a Uribe, hoy senador, como acusado de los delitos de fraude procesal y soborno, en un caso de manipulación de testigos que se tornó sobre él como un boomerang, luego de que fuera el expresidente quien pidiera al alto tribunal investigar, por esas mismas causas, al valiente senador del Polo Democrático Iván Cepeda.
Fue ese el golpe de timón de Uribe contra el segundo, cuando Cepeda pretendió un debate en el Senado acerca de los vínculos del exmandatario con el paramilitarismo en su natal Antioquia.
Uribe dijo lo esperado: que los testimonios presentados eran falsos y pidió al alto tribunal que investigara a Cepeda por «manipular» a los testigos en su contra. Pero esa instancia entendió que no había nada que señalar a este, y sí para investigar al líder del derechista Centro Democrático por los mismos motivos.
Ahora, y luego de un proceso largo que tiene origen en aquellos lejanos días de febrero de 2012, la investigación, abierta hace dos años, prosigue en firme con Uribe encerrado en su hogar, porque se estima que puede ejercer influencia sobre los testigos.
El primero en defenderlo ha sido Duque quien, violando las normas constitucionales que le prohíben pronunciarse en un caso de esta naturaleza, ha dado a conocer declaraciones tendenciosas. «Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia», dijo entre otras linduras tras las cuales, seguro, no faltaron las presiones para evitar el fallo, lo que avala aún más la indeclinable y hasta osada decisión del tribunal.
También lo respalda esa parte de la población que según el diario El Tiempo, ha salido a las calles a protestar la medida.
Pero no se habla apenas de quienes han tomado también las vías para exigir la investigación, y otros que seguro están aplaudiendo: las víctimas de la fuerza paramilitar y de la violación de todos sus derechos —incluyendo el de la vida—,sobre todo en los sectores rurales.
Entre las primeras en reaccionar están las conocidas como Madres de Soacha, quienes calificaron la decisión de la Corte como «una luz de esperanza».
Ellas son familiares de asesinados en las ejecuciones extrajudiciales, y responsabilizan a Uribe por los más de cinco mil muertos que hacen número entre los llamados falsos positivos: civiles masacrados por el ejército para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Esa política se aplicó durante 20 años a partir de su implantación por el encartado.
Además, sin Uribe en el Congreso —al menos de momento, porque no ha perdido su puesto como senador— también se sacan un obstáculo los defensores de la paz, cuyas esperanzas se han visto constantemente aguijoneadas por las zancadillas que aquel ha interpuesto a los acuerdos firmados por el Estado con las extintas FARC-EP en La Habana, y por las malas enseñanzas que el acusado ha dado, en tal sentido, al hoy presidente Duque.
Para detener la justicia, sus correligionarios del Centro Democrático están tratando de revivir ahora el antes desoído pedido de la izquierda parlamentaria de una Asamblea Constituyente. Buscan materializar por esa vía una reforma judicial que, seguramente, echaría el proceso por tierra.
Pero como la paciencia de Uribe es corta, el primer traspié que se intenta dar al proceso judicial ya fue interpuesto. En su finca, adonde fue a cumplir la domiciliaria, Uribe hizo que le practicaran el PCR para detectar la Covid-19… y ¡dio positivo!
Ese era el escándalo dentro y fuera del país este miércoles, cuando quedaba claro que la estrategia uribista será victimizar al acusado, explotar su ascendencia en esa parte de la población que lo eligió por dos mandatos, y convertir en verdugos a los defensores de la justicia.
Proceso adentro
Sea cual sea el resultado de un sumario judicial que se augura largo pues podría durar, dicen expertos, incluso el año que viene, hay un saldo a favor de Colombia y sus deseos mayoritarios de paz y estabilidad, golpeados por esas fuerzas oscuras y hasta ahora sin rostro que se adivinan tras los asesinatos de cientos de líderes o simples activistas sociales y populares, y de más de un centenar de exguerrilleros y sus familiares, en los años recientes.
¿Dónde está el origen de esos crímenes que el Gobierno, presuntamente, no logra atajar?
El proceso contra Álvaro Uribe saca a flote y pone en la cara de la opinión pública, con fuerza y desnudez nunca vista en las cortes, al paramilitarismo, uno de los males de fondo que provocan la añeja violencia colombiana, instrumento para mantener el oneroso latifundismo y parte de la estrategia contrainsurgente durante el conflicto armado con las FARC-EP.
Muchas pruebas y declaraciones incriminatorias de unos 40 testigos han salido a la luz durante estos años en torno a Uribe; solo que sin el peso que tendrán en lo adelante, cuando se hace más estimable la posibilidad de justicia.
Uno de los que ya ha brindado testimonio es Juan Guillermo Monsalve, antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, quien testificó que en ese lugar y con el conocimiento de Álvaro, entonces Gobernador de Antioquia, se fundó el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una fuerza terrible que asoló el país, y cuya presunta desmovilización en los tiempos del encartado como presidente, dio lugar a nuevos escuadrones.
También ha concurrido ante los tribunales el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, quien declaró el año pasado que «Todos los jefes de las Autodefensas (AUC) saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político; él nos entregó el fusil y después nos lo quitó», declaró en alusión al proceso que, presuntamente, desmovilizó a unos 30 000 paramilitares.
Salvatore Mancuso, connotado exjefe de las AUC que está a punto de cumplir su sentencia de 12 años preso en EE. UU. por narcotráfico, ha dicho que tiene «mucho que aportar» en temas que incriminan a Álvaro Uribe y su hermano, Santiago.
Testimonios escalofriantes de empleados de la hacienda de su Santiago, cuyos nombres no se develaron, fueron dados a conocer el año pasado por el diario estadounidense The New York Times, que reveló «relatos de primera mano de asesinatos que asolaron al rancho y el área circundante en la década de los noventa».
Santiago ha sido señalado como líder de la fuerza paramilitar Los Doce Apóstoles. Lo que aún queda por verse parecería la terrible historia de un filme de horror. Su visualización quizá acerque a Colombia a la paz real.
