Al menos 18.833 personas murieron en las residencias de ancianos víctimas del Covid-19 o de patologías compatibles durante la primera oleada del nuevo coronavirus, según un documento interno del Ministerio de Sanidad. Pese a anunciarlo en contadas ocasiones, la cartera que dirige el catalán Salvador Illa, nunca llegó a hacer oficial este dato, por considerar que la información «no era lo suficientemente fiable».
Ahora el Gobierno, las comunidades autónomas y los municipios han acordado la puesta en marcha de un sistema de recogida directa de datos de las residencias que permita disponer de un registro para conocer en tiempo real la evolución de la pandemia en estos centros. El objetivo de este sistema de monitorización es facilitar una mejor asignación de los recursos sociales y sanitarios. Es una de las propuestas surgidas de la reunión celebrada este martes entre el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y los consejeros de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
A ojos de la patronal, la medida llega «seis meses tarde». «Todavía no sabemos quiénes han muerto en las residencias pese a que estos centros llevan desde marzo pasando información en tiempo real y de forma simultánea a las consejerías de Sanidad, de Servicios Sociales, a la Fiscalía y a la Subdelegación de Gobierno. Una información que en estos seis meses el Gobierno no ha sido capaz de procesar», denunció este miércoles a ABC José María Toro, secretario general de Ceaps (Círculo Empresarial de Atención a las Personas). «Si ahora están intentando ser capaces de procesar toda la información es un objetivo loable, pero llegan tarde», insistió Toro, quien, pese a su enfado, admitió que «más vale tarde que nunca».
El anuncio por parte de Gobierno, comunidades y municipios de «una respuesta coordinada ante los rebrotes en las residencias» varias semanas después de que el virus vuelve a hacer estragos en dos residencias de Aragón tampoco cayó del todo bien en la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Su presidente Ignacio Fernández Cid, apuntó este miércoles que «ya era hora que se buscara una actuación conjunta entre las 17 administraciones públicas de las comunidades autónomas». Pero «se podría haber hecho antes», añadió. Para Fernández Cid, «el sistema de notificación ha funcionado en la parte que corresponde a las residencias, pero a la vista de los resultados la conclusión es que el Gobierno ha demostrado que no era capaz de procesar esa información», señaló el presidente de FED, quien , sin embargo, confió en que ese «desbarajuste no vuelva a repetirse».
Fernández Cid además recordó que muchas de las medidas acordadas en la reunión del pasado martes «ya han sido tomadas por los propios centros» que atienden a las personas mayores. Es el caso del estocaje de EPIS o el sistema de notificación de los nuevos contagios.
Según la patronal, las residencias facilitan desde el mes de marzo a las distintas administraciones de las comunidades autónomas toda la información relevante que se produce sobre el Covid-19. Entre esos datos están los nuevos contagios que se detectan entre los residentes y el personal. «Todo el volcado de datos supone más trabajo para nuestro personal, pero no nos importa si tiene un beneficio para los residentes», señaló Santiago Santiago Cosculluela, presidente de Arade (Asociación Aragonesa para la Dependencia).
