El Tribunal de Cuentas advirtió ayer de que la Seguridad Social adolece de un problema «de carácter estructural» y «peligrarían» la viabilidad y la sostenibilidad financiera de las pensiones «de no acometerse de manera urgente las reformas necesarias». Así lo pone de relieve en su último informe de fiscalización sobre la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018. en el que señala que su situación financiera se debe a «la actual configuración» de las prestaciones contributivas y el impacto de la evolución demográfica y socio-económica, lo que ocasiona que los ingresos no sean suficientes para cubrir los gastos de las prestaciones.
El informe refleja que la Seguridad Social ha ido registrando resultados económico-patrimoniales negativos desde 2010, con déficits que han provocado que el patrimonio neto sea negativo en 2016 (-176 millones), 2017 (-18.539) y 2018 (-37.933) y se debe a los «desfases significativos» entre los gastos y los ingresos en la parte contributiva por el mayor crecimiento del gasto medio anual por pensionista (18,73% en el periodo) que el del ingreso medio por afiliado (minoración del 1,28%).
El Tribunal de Cuentas señala además que el Pacto de Toledo acordó constituir cada cinco años una ponencia que estudiase el presente y futuro de la Seguridad Social y que pese a la «importancia y gravedad del problema de sostenibilidad financiera estructural» no se ha aprobado ningún informe de recomendaciones desde el año 2011.
