Colombia amaneció este miércoles dividida. Para unos, la orden de detención domiciliaria dictada el martes para Álvaro Uribe
por presunto fraude procesal y soborno de testigos es un paso trascendental para avanzar en los 14 procesos abiertos contra el expresidente en la Corte Suprema. Para otros, sus fervientes defensores y aliados políticos, se trata de la politización judicial. Entre estos últimos se encontraban multitud de ciudadanos que salieron a las calles en la noche del martes, tras la decisión de la Corte y rompiendo la cuarentena, para marchar a favor de quien consideran el «gran colombiano».
En medio de la convulsión en el país por la medida judicial, este miércoles se conoció que Uribe ha dado positivo por Covid-19, después de que una misión médica visitara al expresidente en su finca «El Ubérrimo», en el departamento de Córdoba, donde pasa la cuarentena decretada por el Gobierno.
Un largo camino judicial
Los especialistas, como los decanos de Derecho de las principales universidades y algunos exmagistrados, lrecalcan que no ha habido un fallo condenatorio, aunque se trate de una medida significativa.
El proceso, que lleva ya ocho años, aún tiene varias etapas por delante, entre ellas la práctica de pruebas adicionales, y puede prolongarse durante un par de años más antes de que los cinco magistrados den su veredicto final.
Si en un año no hay una acusación formal o una preclusión a favor de Uribe Vélez, este quedará en libertad, justo cuando empieza la campaña presidencial para los comicios de 2022, en la que se da por descontado que el partido Centro Democrático, hoy en el gobierno, perderá terreno significativo y para el cual el carácter caudillista y vocal del senador será indispensable.
Pero si los magistrados optan por la acusación formal, todavía le quedan recursos para defenderse. Es más, esta Sala de Instrucción puede llegar a acusarlo, mientras la sala de Primera Instancia, a donde pasaría el caso, podría absolverlo. Apenas estaos a mitad de camino en un laberinto jurídico al que no se le ve una rápida salida.
Y allí surge la pregunta que muchos colombianos se han hecho en las últimas 24 horas: ¿para qué ordenar la detención domiciliaria si el exmandatario está en el país, se ha presentado ante la justicia y nadie espera que se fugue a ninguna isla del Caribe? Según la Sala, al senador se le detiene preventivamente «como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal». Y aclaró que «cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso».
