El aislamiento de inmigrantes debido a la pandemia responde a una exigencia de orden sanitario pero empieza a convertirse en un problema de seguridad. Ayer las alarmas saltaron en Albacete, donde 230 de ellos –temporeros regulares, residentes en un asentamiento ilegal donde se detectó un brote de Covid y que ha sido clausurado– se amotinaron en las instalaciones de la Institución Ferial de la ciudad (Ifab) donde cumplen cuarentena para reclamar su salida tras 15 días de confinamiento.
En contra de las informaciones difundidas por medios de comunicación, la Subdelegación del Gobierno en Albacete negó que se produjera ninguna fuga, si bien confirmó que un dispositivo policial fue desplegado durante horas para evitarlo y contener las tensiones. «Tenemos familia», «queremos salir a buscarnos la vida» gritaban. «Llevan dos semanas sin trabajar y sin dinero, no saben cuándo podrán salir y dónde podrán ir», resumía el portavoz del Colectivo de Apoyo al Inmigrante (Acaim), Cheikhou Cisse, que especificó que muchos de ellos han dado negativo hasta tres veces en pruebas por coronavirus. A mediodía, el alcalde de Albacete, que se desplazó hasta el lugar de los incidentes, anunció que el grupo que ocupa ahora un único pabellón se dividirá y distribuirá en distintos recintos para que el brote se frene cuanto antes y se cumpla en todo caso el mandato judicial de confinamiento.
A peor
El confinamiento de estos inmigrantes en recursos públicos se produce en vista de la falta de domicilios propios donde poderles aislar para cumplir cuarentena y evitar contagios. Otro supuesto vinculado a la inmigración es el que afecta a los que llegan de forma irregular a España, fundamentalmente por vía marítima, y que están siendo alojados en centros en los que se multiplican los problemas y los intentos de fuga.
Mientras, siguen buscándose a 59 de estas personas que habían estado en contacto directo con infectados por Covid y que huyeron de un pabellón de Cartagena entre el domingo y el lunes, los casos similares se han repetido en Granada, Alicante y ayer en Cádiz. En concreto, tres inmigrantes –al menos uno de los cuales dio positivo en las pruebas por coronavirus– desaparecieron del Centro de Atención Temporal ubicado en las instalaciones portuarias y al cierre de esta edición seguían en búsqueda.
La custodia de estas cuarentenas está correspondiendo a Policía Nacional y al Instituto Armado, desde donde colectivos como la Asociación Unificadas de Guardias Civiles (AUGC) de Murcia denuncian que están teniendo que cumplir jornadas laborales de hasta diez horas a temperaturas que alcanzan los 40 grados –caso del albergue del Cenajo, en el límite con Albacete –y que las patrullas se están detrayendo de la seguridad ciudadana.
S.O.S en Canarias
La habilitación de edificios para ejecutar las órdenes de confinamiento, que obligan a no juntar a los ocupantes de una patera con los de otra, ha desbordado ya a varias administraciones, entre ellas al Gobierno canario, que ayer pidió ayuda al Estado y dijo que no puede asumir en solitario esa responsabilidad. Como el miércoles informó ABC, 71 inmigrantes están pasando los primeros días de cuarentena en carpas instaladas en un puerto de Gran Canaria, el de Arguineguín, ante la imposibilidad de dotar un centro más donde acogerles. Trece de ellos, todos pertenecientes a una misma embarcación llegada el domingo de madrugada, han dado positivo en el test PCR. Desde que se decretó el estado de alarma, al archipiélago han llegado 2.039 inmigrantes y todos los que lo han hecho desde el 15 de mayo han sido sometidos a aislamiento.
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, transmitió la posición de su gobierno ayer a los ministros de Inclusión y Política Territorial, José Luis Escrivá y Carolina Darías respectivamente, de visita en las islas, a los que instó a que faciliten espacios de Defensa o activos procedentes de la reestructuración bancaria para atender la emergencia.
