Parece que ha llegado el momento de que los responsables del Ministerio del Interior se tomen en serio la fugas masivas de los centros donde guardan cuarentena los inmigrantes irregulares llegados en las últimas semanas a España. Se acercan a la decena las evasiones registradas en centros y hospitales de campaña levantados en Cartagena, Murcia, Alicante, San Roque (Cádiz) o Granada para que estas personas pasen allí el tiempo preciso para determinar si están libres del coronavirus. Algunos de los fugados ya habían dado positivo en las pruebas que se les realizaron, de tal forma que ahora pueden estar contagiando a otras personas. Aunque la norma establece 14 días de cuarentena a quienes proceden del extranjero (o nueve días si no presentan síntomas sospechosos), sistemáticamente se realiza a todos los rescatados en patera la prueba de PCR en los puertos donde son desembarcados. Quienes dan positivo son ingresados en el hospital y los negativos, pero que han estado en contacto con infectados, al de campaña, de donde algunos deciden escapar ante el temor de ser expulsados del país.
El ministro Grande-Marlaska tiene la obligación de ordenar el refuerzo de la seguridad en esas instalaciones desplazando a las mismas los recursos humanos y materiales suficientes para acabar con lo que sin duda trasciende ya al tradicional problema social o administrativo para afectar directamente a la salud pública. Es evidente que algo está fallando en los dispositivos habilitados cuando no hay día en el que no se produzca una fuga. El buen tiempo ha incrementado notablemente la llegada de pateras y cayucos (en Canarias la situación es especialmente grave) a nuestras costas de tal forma que el problema va a ir a más y aún no se conoce un plan específico del Ministerio del Interior a la altura del riesgo que suponen estas fugas.
