La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este miércoles el acuerdo del Congreso de Nuevo León con el que se buscaba la destitución del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco'.
Por mayoría de tres votos, y con oposición de las ministras Margarita Ríos Farjat y Norma Lucia Piña Hernández, se declaró la inconstitucionalidad del citado acuerdo aprobado el 23 de septiembre de 2019 por el Pleno del Congreso de Nuevo León.
Con dicho acuerdo, denominado “Reglas procesales para aplicarse dentro del expediente 11841/LXXIV en cumplimiento de la sentencia SRE-PSC-153/2018, emitida por la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, los legisladores locales pretendían también destituir al secretario de Gobierno de Nuevo León por el tema de las llamadas “Bronco-Firmas”.
La decisión se toma a dos años de la elección presidencial de 2018 en la que Rodríguez Calderón se postuló como independiente, derivado de lo cual se le inició un procedimiento de investigación en el TEPJF por la compra de firmas para obtener el registro de candidato.
En votación express y sin discusión de por medio, los ministros aprobaron el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara quien calificó de como procedente y fundada la controversia constitucional 310/2019 que promovió Rodríguez Calderón contra la intentona de su destitución.
En su proyecto de sentencia el ministro González Alcántara advirtió que la legislatura local violó la ley porque creó un procedimiento especial para sancionar a Rodríguez Calderón por el uso parcial de recursos públicos con fines electorales para construir su candidatura independiente a la Presidencia de la República.
El ministro advirtió que la conducta que acreditó el TEPJF no implica la comisión de algún delito sancionado por la vía penal.
Explicó que la Sala Superior del TEPJF determinó que 'El Bronco' y otros servidores públicos son responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar el apoyo ciudadanos en días y horas laborables, con fines electorales.
Dijo que, pese a ello, no se pueden utilizar las reglas del sistema de responsabilidad penal, porque no se dan los supuestos constitucionales para que el Congreso local ejerza sus facultad relativa a un juicio de responsabilidad penal.
El ministro destacó que el Congreso local creó un procedimiento especial para sancionar a El Bronco, “en lugar de apegarse al sistema de responsabilidad contemplado a nivel constitucional y también previsto en la legislación local”.
Agregó que el “novedoso procedimiento del Congreso local” no se ajusta al juicio político previsto en los artículos 109 y 110 de la Constitución Federal.
Tres de los los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, votaron a favor del proyecto por lo que este quedó aprobado en definitiva en los términos planteados en el proyecto.
