El Gobierno de Pedro Sánchez ha terminado cediendo a las exigencias del nacionalismo con un acuerdo «in extremis» que permitirá al País Vasco disponer de un objetivo de déficit del 2,6% para este año, así como de una capacidad de deuda pública del 15,9%. Dichos porcentajes son susceptibles de ser modificados en la Comisión Mixta del Concierto, que, según ha avanzado el gabinete de Iñigo Urkullu, se celebrará en la primera quincena de septiembre. Esta era la línea roja que puso el lendakari para asistir a la cumbre de presidentes que se celebra hoy en La Rioja.
La asistencia de Urkullu ha sido la gran sorpresa de la cita de hoy. Nadie le esperaba después de que rechazara frontalmente la invitación de Sánchez a menos que aceptara proponer una fecha para la Comisión Mixta del Concierto. La negociación se ha producido a espaldas del ojo público y se ha cerrado a primera hora de esta mañana.
Al margen de su significado político, este pacto cambia las reglas de juego que se marcaron los Gobiernos vasco y central antes del inicio de la pandemia, cuando dispusieron que la Comunidad Autónoma debía concluir el ejercicio con «déficit cero». El contexto actual, marcado por la crisis económica y social provocada por el coronavirus, hace «imposible» ese objetivo, explica Jorge Tejedor, profesor del departamento de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco (UP/EHU), que recuerda que los ingresos de las tres diputaciones forales (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava) caerán sensiblemente. Las previsiones, de hecho, apuntan a un desplome de entre el 17 y el 20% en el conjunto del territorio.
Ocurre que el País Vasco dispone de un sistema tributario particular que gira en torno al Concierto Económico y al Cupo. Algo semejante ocurre con Navarra. Esta es la razón por la que ambas autonomías quedaron excluidas del cuarto tramo de los fondos europeos, una suma de 5.000 millones de euros que será repartido entre las Comunidades de «régimen común». Y por ello, el Ejecutivo de Vitoria venía exigiendo a Sánchez un incremento de su capacidad de deuda y de déficit que le permitiera paliar la caída de ingresos.
Según ha informado en un comunicado el Ejecutivo de Urkullu, el déficit ha quedado fijado en el 2,6% de PIB. Esto supone aproximadamente 1.700 millones de euros, apunta Tejedor. Paralelamente, se permitirá al País Vasco alcanzar una deuda pública del 15,9%. En cualquier caso, el especialista de la UPV augura que la caída de ingresos será «bastante superior» a esos 1.700 millones.
El acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos recoge también que las diputaciones forales serán compensadas en caso de que su reducción de ingresos sea superior al remanente o superávit del que dispongan. La fórmula para ello será fijada en la Comisión Mixta del Concierto de septiembre. Esta es otra de las particularidades del País Vasco respecto al resto de Comunidades Autónomas. Se trata de un arma de doble filo, según Tejedor, que recuerda que los Gobiernos provinciales tienen mayor capacidad de maniobra para gestionar impuestos y emitir deuda, pero si la situación va mal no pueden acceder a otras fuentes de financiación.
«Les permite tener un mejor estado del bienestar»
En palabras de Rafael Pampillón, profesor de la IE Business School, para conocer con exactitud si se va a producir un agravio comparativo respecto a otras Comunidades Autónomas es necesario esperar a conocer el déficit público que se va a aprobar en cada una de ellas. «Supongo que será mucho mayor al del País Vasco porque son regiones más pobres que generan mucho menos, como Extremadura, Asturias o Andalucía», subraya. En este sentido, argumenta que el «privilegio» radica en la oportunidad que los nacionalistas tienen para pactar con el Gobierno central este tipo de asuntos.
«El resultado siempre es el mismo —afirma—. Eso les permite tener un mejor estado del bienestar». Pampillón incide en que las administraciones vascas «recaudan muy bien», y tienen «un sistema que les permite disfrutar» de estas ventajas. Eso se traduce, asevera, en «un gasto mucho mayor que la media».
«Eso lo pagan con los impuestos que ellos recaudan, y al ser las rentas de los vascos más altas que las de otras regiones, recaudan mucho por IRPF». Este sistema, sentencia, «favorece al Gobierno vaso y al navarro», pero en términos de «solidaridad» España «no queda bien parada con este tipo de acuerdos».
El profesor de la IE Business School recuerda que el País Vasco normalmente paga alrededor de 1.800 millones de euros al Gobierno central por las competencias no transferidas, como las embajadas o los museos nacionales. Son una serie de gastos que realiza el Gobierno central «a cuenta de la Comunidad Autónoma de Euskadi», que a cambio tiene el privilegio de «recaudar todos los impuestos». Este hecho genera importantes diferencias de ingresos respecto a las autonomías de régimen común.
Añade el especialista que el hecho de que una de las regiones más ricas de España como es el País Vasco se beneficie de esta situación particular se percibe como «algo injusto». «Es una de las CC.AA. que más se benefician en términos relativos de la situación económica española, tiene una enorme autonomía fiscal y se encarga de recaudar todos los impuestos», puntualiza Pampillón, que añade que esta situación «no mejora la redistribución de la renta a nivel regional».
