El veto impuesto por PSOE y Unidas Podemos a la educación concertada ha imposibilitado el acuerdo en el grupo de trabajo del Congreso de los Diputados sobre políticas sociales en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Ahora, varios presidentes autonómicos socialistas se disponen a desobeceder la decisión del Gobierno.
En el texto que salió adelante la semana pasada en el Congreso, con 155 votos a favor, 132 en contra y cinco abstenciones, se especificó expresamente la exclusión de las ayudas económicas dirigidas a paliar los efectos de la Covid-19 a este modelo de enseñanza que utiliza una cuarta parte del alumnado en España.
Sólo respaldaron el documento PSOE y Unidas Podemos, lo que evidencia el escaso respaldo que han tenido los partidos que forman el Ejecutivo de coalición en su intento por dar la espalda a la educación concertada.
Si Vox no se hubiera ausentado de la Comisión, no habría sido aprobado un texto que puede funcionar a modo de preludio del futuro apoyo que podría tener en septiembre la ‘ley Celaá’, que actualmente se tramita en el Congreso y que es igualmente restrictiva con la concertada.
El documento no deja lugar a dudas en su propuesta 18.1. Especifica que “la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa”. El Gobierno prevé una inyección de 2.000 millones de euros a las autonomías, pero son los presidentes regionales quienes repartirán el dinero en el mes de septiembre.
Así las cosas, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a varios líderes autonómicos socialistas, tres de los más destacados presidentes regionales del PSOE, Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Page y Javier Lambán, han trasladado a Moncloa que “ellos sí van a dar fondos a la educación concertada”.
Destacan que ese dinero del Estado es para atender a los alumnos más vulnerables y para cubrir las necesidades educativas que se puedan derivar de la pandemia. “Y no vamos a aceptar que desde Madrid se nos imponga dónde tenemos que invertir. Es nuestra competencia”, recuerdan desde el equipo de uno de los tres barones socialistas.
Defienden que los fondos adicionales se tienen que distribuir atendiendo a las necesidades reales de los centros, y reconocen que los públicos albergan a más alumnos desfavorecidos y el profesorado tiene que hacer frente a esas situaciones de desigualdad.
“Pero allá donde haya un alumno o una alumna que pueda necesitar de atención, el Gobierno autonómico estará ahí para cubrir sus necesidades, como hemos hecho durante el desarrollo de la pandemia”, confirman en la Consejería de Educación de Castilla La Mancha que, a modo de ejemplo, resalta que la brecha digital “también se ha cubierto en aquellos centros que eran concertados”.
En el Gobierno de Aragón también explican que “no se va distinguir con que un alumno o alumna pueda estar en un centro u otro. Esa es una decisión que hacen sus familias y nosotros tenemos que atender las necesidades de cualquier alumno y, sobre todo, de los más vulnerables, a los que van específicamente destinados esos fondos”.
Además, las fuentes socialistas consultadas por ECD en estas autonomías no pasan por alto que “somos nosotros los que sufriríamos las movilizaciones de padres, profesores y centros. En Moncloa ni se enterarían”, se quejan.
Por el momento, el sector de la concertada ha avisado, en un comunicado conjunto firmado por patronales, sindicatos y padres, que acudirá a la justicia si queda excluida de las ayudas del Estado. Por si esto fuera poco, también se han anunciado ya movilizaciones y huelgas en septiembre si se consuma el veto del Gobierno central.
Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, acaba de expresar su “preocupación” por el reparto de fondos contra el efecto del Covid-19 en las aulas. “No entendemos que se apruebe el reparto de un fondo para la educación en España y que se excluya a una parte”, ha declarado en referencia a la concertada.
Las tres autonomías socialistas citadas han trasladado también al equipo de Pedro Sánchez en La Moncloa que la propuesta de excluir a la concertada surge simplemente como consecuencia de “la obsesión de Pablo Iglesias por castigar a ese modelo educativo, en ocasiones religioso”, algo que Page, Vara y Lambán tratan de evitar que asuma también el presidente, aunque los intentos para que rectifique han fracasado por ahora.
En cambio, las tres autonomías socialistas coinciden en recordar a Sánchez que “nuestros gobiernos no dependen del apoyo de Podemos como el suyo”.
Solo el presidente aragonés, Javier Lambán, gobierna con Podemos. Pero en la coalición se integra también el Partido Aragonés Regionalista (PAR), favorable a las ayudas a la concertada, y aseguran que se negociará llegado el caso el apoyo de Ciudadanos al decreto que deberá aprobar el Parlamento autonómico para definir el reparto de los fondos.
En el curso 2018-2019, 5,5 millones de alumnos estudiaron en centros públicos (el 67,2%), 2 millones en colegios concertados (el 25,6%) y unos 700.000 en privados.
Si se tiene en cuenta qué centros albergan a los alumnos con más necesidades, a la concertada le correspondería el 25,6%, pero ese curso acudieron el 26,71% de los alumnos con necesidades de aprendizaje.
En cambio, si se pone el foco en el número de alumnos de origen inmigrante, en lugar de concentrar el 25,6% que les correspondería, solo matricularon al 14,1%; mientras a la pública acudieron el 79%, según los datos facilitados por el Ministerio de Educación.
