La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha decidido interponer una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la distribución en centros hospitalarios de mascarillas del tipo FPP2 que resultaron ser defectuosas.
Así lo ha acordado el Comité Ejecutivo de la CESM por lo que considera una «actuación negligente» por parte del ministerio, «poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades»
Según informa la CESM en un comunicado, la querella se presentará por la «presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores», concretamente por lo dispuesto en el artículo 316 del Código Penal, que persigue a quienes «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física», y en el artículo 317, para los que cometan dicho delito por «imprudencia grave».
Según establece el Código Penal, este tipo penal se castiga con penas de prisión que oscila entre seis meses y tres años, así como multa que va de seis a doce meses.
«En los últimos días, una nueva y honda preocupación se ha añadido a la incertidumbre que acompaña, ya de manera lacerante, a los profesionales sanitarios en general, y de forma muy especial a los médicos y demás profesionales con asistencia directa a pacientes afectados de Covid-19», explica la CESM, que afirma que la partida de mascarillas defectuosas «ha sido la gota que ha colmado el vaso».
Además, destaca que esta circunstancia «se ha visto agravada» con posterioridad por la «aparición de otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados, lo que pone bajo sospecha la gestión que se ha hecho de este tema por parte del ministerio».
«Y si esto no fuera suficiente, hemos de añadir la noticia publicada en las últimas horas en el diario 'El Mundo' que denuncia que Sanidad retiró las mascarillas 'fake' a los cinco días de saber que no estaban homologadas», añade.
Por todo ello, la CESM subraya que la «profunda y creciente preocupación» del personal sanitario «se atribuye ya de manera indefectible a la gestión que de esta pandemia se está realizando» desde el departamento que dirige Salvador Illa, y «se está transformando en máxima indignación».
Esta situación, añade, «exige soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada por parte de las autoridades responsables», así como acciones por parte de CESM como organización sindical que «garanticen su seguridad y la defensa de sus legítimos derechos e intereses».
«No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy de Covid-19 y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto», afirma.
