El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un nuevo plan riguroso de austeridad con el que se busca ahorrar 622 mil 565 millones de pesos que servirán para blindar los programas sociales, los proyectos prioritarios y la operación del gobierno en materia de seguridad durante la pandemia del covid-19.
El decreto, que fue enviado a la Consejería Jurídica de la Presidencia y a la Secretaría de Gobernación para que se le dé completo fundamento y se publique en el Diario Oficial de la Federación, y cesará en su vigencia el 31 de diciembre de 2020, no menciona la prórroga de pago de impuestos ni la contratación de deuda.
El plan que propone el Presidente se va a realizar sin “aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país” con la finalidad de proteger con los recursos a 70 por ciento de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares.
La estrategia ordenada por decreto presidencial contempla la desaparición de 10 subsecretarías sin despedir empleados, evitar ejercer 75 por ciento del presupuesto disponible de partidas de servicios generales y suministros, reducir el salario en 25 por ciento a altos funcionarios públicos, así como quitarles aguinaldo y prestaciones de fin de año.
Con estas medidas que incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, el gobierno federal “hará un esfuerzo” para reubicar a servidores públicos en función de lo prioritario con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles.
Además, ordena mantener cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas consideras esenciales. También se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo hasta el 1 de agosto a funcionarios en situación vulnerable frente al covid-19.
El decreto pospone las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de 38 programas y proyectos prioritarios como las pensiones de viejitos y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyo a madres trabajadoras, tandas, apoyo a pescadores, universidades y escuelas, precios de garantía y Sembrando Vida; mientras que de infraestructura se mantiene el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, rehabilitación de refinerías y el Tren México-Toluca.
El documento deja en claro que tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las secretarías de Marina y Defensa Nacional.
