«La separación de poderes es consustancial en todo Estado democrático, y debe ser respetada por todos, especialmente por quien encarna uno de los poderes del Estado». Este es el segundo toque de atención que recibe el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por parte de los jueces. Si el primero fue por parte del Consejo General del Poder Judicial, que le exigió «responsabilidad institucional» por sus críticas a la justicia nada más aterrizar en su cargo, la advertencia ha venido ahora por parte de la asociación Foro Judicial Independendiente (FJI), después de que Iglesias haya arremetido contra la sentencia que condena a Isa Serra a 19 meses de cárcel, multa e inhabilitación.
«Me invade una enorme sensación de injusticia», publicó en su cuenta de Twitter. «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», critica. En la misma línea, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, criticó que se le haya condenado «sin pruebas» y tildó la sentencia de «injusta». «Obviamente recurriremos, pero yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. Qué vergüenza».
En un comunicado, FJI recuerda tanto al vicepresidente como al portavoz parlamentario de Podemos que la diputada en la Asamblea de Madrid ha sido condenada por un delito de atentado, un delito leve de lesiones y un delito de daños, no «por protestar en un desahucio». «Sin perjuicio del derecho a la crítica a que todas las resoluciones judiciales están expuestas, la sentencia de 70 páginas aparece claramente motivada», apunta.
La asociación considera que dichos comentarios, procedentes de quien es miembro del Ejecutivo y ostenta el cargo de Vicepresidente, «no son en absoluto respetuosos con la separación de poderes, y suponen una injerencia en el Poder Judicial».
«A pesar de la declaración del estado de alarma, la separación de poderes es consustancial en todo Estado democrático y debe ser respetada por todos, especialmente por quien encarna uno de los poderes del Estado», señala la nota, en la que se recuerda, además, que «la ley es igual para todos los ciudadanos, dado que sin distinción alguna de condición, cargo u oficio nos encontramos sujetos al principio de legalidad».
El pasado enero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vio obligado a intervenir con una declaración institucional en respuesta a las manifestaciones de Iglesias en una entrevista en la que afirmó que la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos en referencia a la actuación a lo largo del «procés». El «núcleo duro» del órgano de gobierno de los jueces apeló entonces a la «prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los jueces y magistrados.
«Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho», señaló entonces el órgano.
