El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias recurrirá a la sanidad privada para detectar posibles contagios por coronavirus entre parte del cuerpo de empleados públicos. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuya plantilla está desbordada estos días por la tramitación de los ERTE que están haciendo las empresas, ha firmado un contrato de 125.000 euros con la compañía Quirón Prevención para hacer test, de forma voluntaria, a sus trabajadores que estos días están prestando los servicios mínimos de manera presencial.
El organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz, justifica este contrato, cuyo formalización se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), porque el SEPE no dispone de personal sanitario propio en sus servicios preventivos ni de laboratorios que puedan realizar estas analíticas. Por ello, el ente ha recurrido a un proveedor externo: Quirón Prevención, que actualmente ya presta las funciones de Medicina del Trabajo a los servicios públicos de empleo.
La contratación de una empresa de sanidad privada para hacer esas pruebas contrasta con la actuación del propio Ejecutivo, que a mediados de este mes intervino por decreto las clínicas privadas que estaban realizando test de coronavirus para ponerlas a disposición de las necesidades del Sistema Nacional de Salud a través de las comunidades autónomas.
Junto a ello, empresas como Siemens Gamesa han visto perdido los miles de test que habían comprado para hacer a sus empleados cuando vuelvan a su puesto físico de trabajo, una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque se les han requisado a los proveedores que se los traían.
En este sentido, en los últimos días, y según fuentes de la Administración autonómica consultadas por este diario, el Ejecutivo estaría siendo más permisivo en su orden a las comunidades autónomas de requisar ese material sanitario a empresas privadas e instituciones como los ayuntamientos.
El SEPE, que ya ha sufrido bajas laborales por coronavirus, argumenta en la memoria justificativa de este contrato de emergencia que «la experiencia acumulada en las últimas semanas muestra que la aparición de un caso compatible entre el personal que presta servicios mínimos presencialmente puede haber supuesto el contagio a otros trabajadores/as, haciéndose preciso adoptar medidas para conocer, de forma voluntaria para las personas, si los posibles contactos laborales están contagiados o no a fin de impedir su regreso al trabajo o bien hacerlo en condiciones de seguridad si no se hubiese transmitido el virus».
En esa línea, el organismo continúa argumentando que «para la propia persona con síntomas compatibles, la no confirmación puede suponer extender el tiempo de cuarentena más allá de lo necesario en los casos en que no se trate de infección por SARS CoV2».
El SEPE señala que, dada la situación actual del sistema sanitario, dicho servicio sólo está disponible para las provincias de Madrid, Barcelona, Málaga y La Coruña, donde prestan servicios mínimos más de 600 trabajadores, informa Ep. El ente estima que a través de este contrato, que tendrá una duración de tres meses desde su formalización, se harán unas 500 analíticas con un coste, cada una de ellas, de 250 euros más el 21% de IVA, en total 302,5 euros por prueba. Y llega a esa estimación de pruebas «teniendo en cuenta», dice la memoria, «que casi todos los centros de trabajo presentarán algún caso, que el ratio de transmisión es de 1 a 3 aproximadamente y que la previsión de las autoridades sanitarias es que en torno al 70% de la población se contagie en los próximos meses».
Esa previsión de que el 70% de la población se infectará de coronavirus provocó ayer un nuevo embrollo en el Gobierno, que nunca había publicado una estimación del número o porcentaje de la población que estima que se contagiará por coronavirus. A última hora de la tarde de ayer, el gabinete dirigido por Yolanda Díaz salió al paso de la publicación de ese dato sobre la incidencia del Covid-19 en España señalando en un comunicado que se trataba de un error .
Según las fuentes consultadas, los técnicos del Ministerio habrían introducido esa referencia basándose en estudios científicos públicos como uno de la Universidad de Harvard y en las estimaciones de otros países como Alemania que apuntan también a incidencia de hasta el 70%, pero no en cifras oficiales del Gobierno. Desde Trabajo insisten en que el Ejecutivo no maneja ninguna previsión y que los ratios de transmisión y la incidencia en el caso de España serán los que determinen los estudios epidemiológicos que lempiezan este lunes.
