Un grupo de haitianos afectados por el COVID-19 ha concentrado la atención de los medios que, al igual que el Gobierno, los culpan de no querer acatar la cuarentena. “Esa cobertura no es un error, es criminal”, asegura la académica de la Universidad de Chile, Ximena Poo.
Hace falta haber vivido en un cité para entender, acaso un poco, que sus pasadizos estrechos, sus amplios salones convertidos en tres, cuatro o cinco piezas, sus baños diminutos que usarán al menos diez personas, sus cocinas como la única opción de encuentro y sociabilidad, no son para nada las condiciones adecuadas para cumplir una cuarentena, y que, muy por contrario, aún sin pandemia, tiene poco que envidiarle a una cárcel.
Todo esto; sin embargo -sin ningún afán retórico- no es excluyente para que, al momento de informar, se haga prácticamente caso omiso a las causas detrás del problema, y se condene a los habitantes de dichos espacios al linchamiento y escarnio público.
Un grave y penoso ejemplo de esto último ha sido puesto en evidencia a través de la cobertura mediática que se le ha dado al caso de una comunidad de Quilicura afectada por coronavirus, cuyo pecado de muerte, tal parece, no es precisamente la enfermedad de la que son víctimas, sino más bien su procedencia, su condición económica y su color de piel.
Esto, sin embargo, no es casual, según afirma la profesora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ximena Poo, sino más bien una estrategia orquestada que revela la articulación que existe entre la agenda de medios masivos con la agenda política del gobierno de turno.
“Lo que se produjo fue irresponsable. Criminalizar a la migración, vinculándola con la pandemia, deja a esos cuerpos susceptibles de expulsar, dañar, ignorar, y se produce una crisis humanitaria. Esa cobertura no es un error, es criminal. Cubrir así los temas migratorios, relacionando pandemia y tragedia de cualquier tipo con la migración, hace que el foco se quede alojado allí, la migración se racializa y es capaz de generar tragedias mayores”, explica Poo.
Esta idea también es defendida por la académica y coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, quien en conversación con nuestro medio hizo un puente entre el mal manejo que el Gobierno ha tenido frente a la pandemia, con este nuevo golpe mediático. Un festín para quienes pueden observarlo cómodamente desde otros sectores, un “Gran Hermano” de pobres al servicio de la lista de errores gubernamentales, que vuelven a encontrar en la población migrante su mejor excusa.
“Qué suerte poder encontrar un lugar donde focalizar todo, para poner la atención en otras cosas y mirar de una manera completamente equívoca lo que está pasando allí. Sí, puede haber gente contagiada en todas partes, en su casa y en la mía ¿Por qué tienen que ser ellos los objetos para denostar, humillar, maltratar? ¿A qué obedece eso?”, interpela Tijoux.
Sumado a esta crítica, la académica profundizó en los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto de que muchos migrantes contagiados por COVID-19 no quieren acercarse a los servicios médicos “por temor a expulsiones”. Entonces ¿por qué desconfiar? Si se dice desde una institucionalidad que llevó a Joane Florvil a su muerte y que “por razones humanitarias” expulsó a centenas de haitianos cuando los migrantes y Venezuela eran aparentemente los problemas más graves del país.
“La responsabilidad de que la gente no haya asistido al servicio de salud por temor, es de quienes hace mucho tiempo deberían haber regularizado sus vidas. Estamos hablando de trabajadores, de gente que trabaja en diversas áreas en Chile. Como no se resolvió ese problema, la gente quedó en una situación mucho más precaria que cualquier otra porque, sin tener identidad, usted no tiene vida y se le constriñe la vida al encierro, con o sin pandemia”, subraya Tijoux.
Pero, ¿es la precariedad y la aparente testarudez de esta comunidad una excusa suficiente para exponer sus vidas de la forma en que lo hicieron algunos medios?
Para explicarlo, el antropólogo y académico de la Universidad de Chile, Eduardo Osterling, pone énfasis en el hacinamiento al que un grupo de la comunidad migrante se ve sometido, pero que, en su momento, asegura, tuvo como protagonistas a los trabajadores chilenos provenientes del campo y que se instalaron en el pericentro de Santiago.
No obstante, Osterling también entregó su punto de vista respecto de la situación habitacional de la comunidad de haitianos, que no fue menor para la cobertura mediática cuestionada.
“Lo que se veía allí eran construcciones precarias evidentemente construidas para el arriendo migrante. Claramente es un negocio en donde siempre se termina fiscalizando a los habitantes. Nosotros hemos pesquisado en distintos momentos, en Independencia la última vez, la facilidad que se tiene para echar a la gente de sus casas. Hay unas estructuras que funcionan bastante rápido para personas que subarriendan, en lugar de generar un trabajo sostenido de mejora de esos espacios o de no permitir el arriendo original de estos habitáculos construidos con ese fin”, indica.
Todas estas condiciones de hacinamiento, además, según remata el magíster en Hábitat Residencial, no son distintas a lo que también se vive en otros sectores del país, como es el caso de los guetos verticales, y que tampoco son ajenos a los contagios por coronavirus.
Hoy, sin embargo, el silencio abunda sobre todo esto, y resulta más fácil culpar que mirar las estrategias aplicadas por otros países en relación a la comunidad migrante. La más ambiciosa de ellas, por ejemplo, una regularización express realizada en Portugal hace ya varias semanas y que, en el caso de Chile, también es reclamada por las diversas organizaciones migrantes. Al respecto, los medios que condenan han dicho muy poco.
